- Jueces y magistrados cesados por la reforma judicial acusaron de represión contra la independencia judicial tras la destitución e inhabilitación del juez Sergio Sigales y el inicio de un proceso penal en su contra.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Jueces y magistrados de carrera judicial cesados por la reforma acusaron un intento de represión contra la independencia judicial con la destitución e inhabilitación del juez Sergio Sigales Obrador Garrido, y la activación de la vía penal en su contra.
En un pronunciamiento, señalaron que contraviene estándares internacionales de independencia judicial la determinación de una Comisión del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), derivada de decisiones tomadas por Sigales Obrador Garrido como juez de control.
“La determinación de la Comisión del Tribunal de Disciplina Judicial de destituir, inhabilitar y activar la vía penal contra el Juez Sergio Sigales Obrador Garrido por las decisiones tomadas como juez de control, no es acorde a los estándares internacionales que protegen la independencia judicial de un país”, señalaron.
Igualmente, cuestionaron el diseño y funcionamiento del TDJ creado a partir de la reforma judicial, y advirtieron que utilizar procedimientos disciplinarios o penales contra jueces por el sentido de sus resoluciones puede convertirse en un mecanismo de presión.
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Sostuvieron que existen vías legales para impugnar las determinaciones judiciales, por lo que consideraron indebido atribuir faltas disciplinarias o posibles conductas penales a los juzgadores por interpretar y aplicar la ley.
“Cuando se cuestiona una resolución judicial, la ley establece las vías para impugnar, pero atribuir una falta disciplinaria y considerarla como una posible conducta penal, por el solo hecho de interpretar y aplicar la ley, podría considerarse como una forma de presión.
“Incluso persecución para tomar el control judicial, como se muestra en Apitz Barbera y otros contra Venezuela”, expusieron.
Los jueces y magistrados advirtieron que castigar una interpretación jurídica razonablemente fundada puede influir en las decisiones de otros integrantes del poder Judicial, ante el temor de enfrentar consecuencias disciplinarias o penales.
“Un juez que teme ser sancionado por el sentido de sus decisiones deja de juzgar con libertad”, alertaron.
Asimismo, afirmaron que ningún juzgador debe ser sancionado por desempeñar sus funciones, y que las inconformidades de las autoridades con las resoluciones judiciales deben tramitarse mediante los recursos establecidos en la legislación.
“Ningún juez o jueza debe ser sancionado disciplinariamente ni penalmente por hacer su trabajo”, expresaron.
El TDJ destituyó e inhabilitó por un año a Sigales Obrador Garrido, quien se venía desempeñando como Juez de Distrito Especializado del Centro de Justicia Penal Federal en Colima.
Ello, por modificar las penas negociadas entre la Fiscalía General de la República (FGR) y los imputados en cuatro procedimientos abreviados.
Según el TDJ, el juzgador incurrió en notorio descuido y cometió un “error inexcusable” al reducir las sanciones acordadas en casos relacionados con delitos contra la salud, portación y posesión de armas de fuego.
