Zósimo Camacho
El Órgano Interno de Control (OIC) de los Tribunales Agrarios dictó el pasado 27 de octubre tres nuevas suspensiones contra magistrados de Tribunales Unitarios Agrarios (TUA). Se trata de Leticia Díaz de León Torres, del TUA 32 en Tuxpan, Veracruz; Juana Rebeca Cortés Muñoz, del 40 en San Andrés Tuxtla, Veracruz; y Raúl Eduardo Covarrubias García, del 5 en Chihuahua. Los tres fueron encontrados ordenando pagos irregulares.
Quien dio la alerta fue el Banco del Bienestar, pues revisó los billetes de depósito y detectó que los magistrados ordenaron pagos a personas que no acreditaban legalmente una relación con ejidos afectados por algún proyecto o expropiación. Ante la advertencia, las erogaciones no llegaron a efectuarse. En el caso del TUA de Tuxpan se registraron órdenes de pago por 68 millones de pesos; en el de San Andrés Tuxtla, 52 millones; y en el de Chihuahua, 11 millones.
El perfil de los suspendidos revela la profundidad de la crisis. Leticia Díaz de León Torres había sido nombrada magistrada agraria en tiempos de Felipe Calderón en agosto de 2010. Debía concluir en 2016. Acumuló más de 10 años con periodo vencido. Juana Rebeca Cortés Muñoz llevaba dos años de vencimiento, pues había sido nombrada en tiempos de Enrique Peña Nieto para el periodo de abril de 2018 al mismo mes de 2024. Raúl Eduardo Covarrubias García contaba con ratificación desde octubre de 2016.
Con estas tres suspensiones, 10 de los 51 Tribunales Unitarios Agrarios que existen en el país funcionan con encargados de despacho. Es decir, una quinta parte de la justicia agraria nacional opera sin titulares, con personal habilitado de manera provisional ante la falta de nombramientos definitivos.
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Adicionalmente a estos 10 tribunales, hay 16 magistraturas con periodos vencidos. Tres datan de la administración de Felipe Calderón: María de los Ángeles de León Maldonado (TUA 56, Tepic, Nayarit, con vencimiento del 18 de agosto de 2016); Erika Lissete Reyes Morales (TUA 38, Ciudad de México, del 15 de diciembre de 2017); y Rafael Hernández Gómez (TUA 39, Mazatlán, Sinaloa, cuyo periodo venció el 15 de diciembre de 2017). Es decir, llevan nueve y hasta 10 años en el puesto sin que hayan sido ratificados.
Trece más provienen del periodo de Enrique Peña Nieto. En los casos de Rafael Gómez Medina (TUA 44, Chetumal, Quintana Roo), Luis Eduardo Zuart Vallejo (TUA 29, Villahermosa, Tabasco) y María del Mar Salafranca Pérez (TUA 15, Guadalajara, Jalisco), sus periodos vencieron desde el 28 de abril de 2022. Mientras, Salvador Pérez González (TUA 41, Acapulco, Guerrero), Rafael Rodríguez Rodríguez (TUA 53, Celaya, Guanajuato), José Lenin Rivera Uribe (TUA 1, Guadalupe, Zacatecas), María de la Luz Rodríguez Mendoza (TUA 16, Guadalajara, Jalisco), Rosalba Hernández Cornejo (TUA 18, Cuernavaca, Morelos) y Jesús Antonio Frías Cardona (TUA 38, Colima, Colima), vencieron el 27 de abril de 2023.
Por su parte, Ana Lilí Olvera Pérez (TUA 10, Tlalnepantla, Estado de México) y Rodrigo Borbón Contreras (TUA 48, La Paz, Baja California Sur) están en vencimiento desde el 26 de abril de 2024. Este último magistrado además fue suspendido por el OIC desde noviembre de 2025. En los casos de Elías Vera Zúñiga (TUA 46, Huajuapan de León, Oaxaca) y Fabiola Hernández Ortiz (TUA 11, Guanajuato, Guanajuato), sus periodos vencieron el 26 de abril de 2024).
Así, hay 26 Tribunales, más del 50 por ciento del total, operando sin magistrado o con magistrados fuera de periodo.
Hay también magistraturas próximas a vencer, nombradas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés (TUA 52, Zihuatanejo, Guerrero) y Claudia Dinorah Velázquez González (Tribunal Superior Agrario) vencen el 10 de diciembre de 2026; y Alberto Pérez Gasca (Tribunal Superior Agrario), vence el 27 de abril de 2027). Los dos últimos son investigados por la Fiscalía General de la República en la carpeta FED/NL/ESC/0000893/2025 y han sido citados en calidad de imputados por presuntas irregularidades en contra del Ejido San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.
Mientras las suspensiones se acumulan, el proceso de nuevos nombramientos avanza en medio de una madeja de intereses políticos. La Consejería Jurídica de la Presidencia ya está llamando a magistrados que podrían ser ratificados. La lista se enviará al Senado en este mismo periodo ordinario de sesiones, como aseguró a Luces del Siglo la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, en una de sus conferencias matutinas.
Entre los propuestos, hay impulsados por las magistradas Maribel Méndez de Lara, Claudia Dinorah Velázquez González y Larisa Ortiz Quintero. Operan para grupos políticos encabezados por Ricardo Monreal, Adán Augusto López Hernández y Yasmín Esquivel Mossa. También inciden en las negociaciones las titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, y de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez. Al menos cuatro grupos reclaman cuotas.
Lo que preocupa es que han llamado desde la Consejería Jurídica de la Presidencia a magistradas que acumulan periodos vencidos, que arrastran quejas por negligencia y que están siendo investigadas o señaladas por su desempeño.
El caso de María del Mar Salafranca Pérez es paradigmático. Es la misma que fue denunciada por la comunidad indígena de Ajijic, en Jalisco, por haber dictado una sentencia irregular que favoreció a una ciudadana extranjera. Con errores garrafales como el de confundir una comunidad agraria con un ejido, lleva más de cuatro años ejerciendo el cargo sin ratificación. Fue secretaria particular del magistrado Luis Ángel López Escutia, quien fuera presidente del TSA y es cercana a la hoy presidenta del mismo organismo, Claudia Dinorah Velázquez González.
La oportunidad de renovar los Tribunales Agrarios con abogados que crean en la propiedad social de la tierra podría esfumarse. Grupos políticos intervienen en la integración de las ternas que se enviarán al Senado. Las investigaciones contra los magistrados del Tribunal avanzan, pero ellos siguen despachando y negociando las ratificaciones. Y núcleos agrarios, como los de Ajijic, Ocuilan y San Nicolás de los Garza, siguen esperando justicia.
La justicia agraria está capturada. Los nombramientos que se avecinan tendrían que romper con esa captura, no consolidarla. ¿No hay abogados agrarios en México fuera de esos grupos? Lo que se requiere es un saneamiento auténtico, profundo, con expertos en derecho agrario que amen a las familias campesinas, los ejidos, las comunidades agrarias, las colonias agrícolas. Y no, al dinero.
