- Tras la muerte de Gerardo Ruiz Esparza la Fiscalía General de la República ahora ha centrado su investigación por lavado de dinero contra su viuda, sus dos hijos, un empresario y cuatro compañías.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la muerte de Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Fiscalía General de la República (FGR) ahora ha centrado su investigación por lavado de dinero contra su viuda, sus dos hijos, un empresario y cuatro compañías.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Ruiz Esparza ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, lo que dio lugar a que el año pasado fuera iniciada la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CDMX/0000002/2020.
Sin embargo, el pasado 1 de abril el ex titular de la SCT falleció en la Ciudad de México y la Fiscalía tomó la decisión de dictar el no ejercicio de la acción penal por lo que toca a su persona, y solicitar a la SEIDO atraer el caso, al tratarse de un delito de su competencia.
De acuerdo con informes federales, en esta indagatoria la UIF denunció a María del Rocío Dosal Noriega, viuda del ex funcionario, y a sus hijos Gerardo y Karla Ruiz Dosal, el primero de ellos ex secretario particular de Jesús Murillo Karam en la anterior Procuraduría General de la República (PGR).
Otro de los indagados es Víctor Manuel Gómez Rodríguez, así como las empresas Bay View S. A. de C. V.; Controladora de Negocios S. A. de C. V.; Compu Draz Comercializadora S. A. de C. V., y Asesores Contables Administrativos VICMA, S. A. de C. V.
Dos de las empresas denunciadas, aparentemente “fachada”, tienen el antecedente de haber sido empleadas para simular contratos o triangular recursos desviados en la llamada “Estafa Maestra”.
Es el caso de Compu Draz Comercializadora, una de las 15 compañías de papel que fueron empleadas para retirar 708 millones de pesos en efectivo, provenientes de contratos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Sedesol, de 2014 a 2017, entonces a cargo de Rosario Robles.
También Asesores Contables Administrativos VICMA, empresa que fue subcontratada por la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, en Hidalgo, con base en un convenio que ésta suscribió con la Sedatu por 185 millones 839 mil 480 pesos.
En el caso de la persona moral, debía cumplir con un contrato de servicios para automatizar una base de datos generada por el Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero; sin embargo, la FGR sostiene que no existen pruebas de que haya realizado los trabajos.
A la llegada de la actual Administración, se iniciaron distintas revisiones en la SCT para identificar distintos hechos de corrupción y en septiembre de 2019 el titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que la conclusión de las indagaciones era que “no dejaron piedra sin labrar”.
