- La posesión de uno de los 13 departamentos asegurados por ventas fraudulentas en el condominio Maioris Tower, de Puerto Cancún, fue restituido a una de las beneficiarias.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- La posesión de uno de los 13 departamentos asegurados por ventas fraudulentas en el inmueble Maioris Tower, de Puerto Cancún, fue restituido a una de las beneficiarias del ilegal despojo para que pueda usarlo y disfrutarlo durante las investigaciones ministeriales.
El Juzgado Séptimo de Distrito resolvió dejar insubsistente el acuerdo de aseguramiento decretado en el caso FGE/QR/BJ/07/14707/2019, al advertir que el procedimiento careció de una adecuada fundamentación y motivación legal de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Zona Norte del Estado de Quintana Roo.
El inmueble en disputa forma parte junto con otros 12 condominios residenciales cuya propiedad es reclamada por las empresas Maioris Cancún, S.R.L. de C.V. y Desarrollos de Mallorca, S.R.L. de C.V., que mediante su apoderado Francisco Javier Siman Carpio denunció una simulada operación de venta, cuya participación notarial fraudulenta se denunció en 2018.
Los afectados del fraude reclaman daño patrimonial ya que ambas empresas no participaron en la firma de documentos que se protocolizaron en la Notaría Pública 22 de Quintana Roo y su posterior inscripción al Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo.
Por su participación en los hechos, la fedatario suplente fue sancionada mediante una resolución administrativa de la Secretaría de Gobierno, el 27 de octubre de 2018, además que se han promovido diversos juicios ordinarios mercantiles en los que se demandó la nulidad de los documentos que amparan la supuesta propiedad.
Al resolver el juicio de amparo 295/2020-II, Darío Alejandro Villa Arnaiz ordenó también al Agente del Ministerio Público del fuero común que retenga los inmuebles mediante la inscripción registral al existir peligro inminente de enajenación, lo que impediría una nueva enajenación ilícita.
El aseguramiento provisional se dictó a petición de las empresas afectadas como parte de la carpeta de investigación FGE/QR/CAN/DP/07/113/2019, pese a que la poseedora María del Pilar Bernal Iturbe (madre de José Luis Enciso Bernal, sobre quien pesan acusaciones de despojos inmobiliarios y a quien se investiga como presunto cómplice del magistrado Carlos Lima, ex titular del Registro Público de la Propiedad durante el gobierno de Roberto Borge) demostró la presunta propiedad del departamento 91-P-15-A-S localizado en la Manzana 27, Lote 1-02, de la Unidad Condominal 44, Sección E, de la Avenida Bonampak en la Zona Hotelera de Cancún.
La supuesta dueña reclamó ante la Justicia Federal la colocación de sellos que autoridades ministeriales realizaron en la puerta de acceso del bien inmueble cuya propiedad comprobó con la escritura pública 2,822 ante la fe del Notario Público 40 de Quintana Roo, en la que se desprende que adquirió la propiedad a David Martínez Ramos, el 29 de junio de 2015.
La orden de aseguramiento impugnada fue un supuesto acto privativo que se emitió en contravención a las formalidades esenciales del procedimiento, sin haber sido escuchada por la autoridad responsable, con lo que se habría violado el artículo 14 constitucional, pero ese argumento fue considerado infundado por el juzgador.
En la resolución definitiva consideró que “bastaba que la responsable decretara el aseguramiento legal del inmueble y ordenara inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo”, pues de esa forma continuaría a disposición de la autoridad ministerial sin que su poseedor ejerciera actos de dominio. “…en suplencia de la queja deficiente, este Juzgado de Distrito advierte que la orden de aseguramiento reclamada, fue emitida en contravención a la garantía de legalidad contenida en el numeral 16 constitucional y que debe ser observada al decretar actos de molestia, pues se encuentra indebidamente motivada”.
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