Ni amparos detienen marcha de Tren Maya

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Ni amparos detienen marcha de Tren Maya
  • Fonatur deberá detener las obras del tramo 3 del Tren Maya, que impliquen deforestación o que pongan en riesgo a especies de animales.
DALILA ESCOBAR

CIUDAD DE MÉXICO.- La Juez Cuarto de Distrito en Yucatán ordenó tres nuevas suspensiones provisionales para que se detengan las obras del Tren Maya, hasta en tanto la justicia federal resuelva si otorga, o no, la suspensión definitiva. 

Los amparos fueron presentados el 20 de enero por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíinbal” y el Colectivo Chuun t’aan Maya en contra de la aprobación de la manifestación de impacto ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

La suspensión se otorga en función de que existe “un riesgo preponderante para el ejercicio del derecho a un medio ambiente adecuado por parte de los quejosos y de sus descendientes, ya que la naturaleza de tal derecho tiende a proyectarse hacia el futuro, buscando que, a la par de la explotación de los recursos naturales para el bien de la generación actual, también se garantice el disfrute de tales recursos, responsablemente, de las generaciones futuras”.

De acuerdo con esta resolución, Fonatur deberá detener las obras del tramo 3, que impliquen deforestación o que pongan en riesgo a especies de animales.

Los colectivos impugnaron la constitucionalidad de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a favor de Fonatur, bajo tres argumentos fundamentales:

La violación al derecho a la información, “las comunidades indígenas a las que pertenecen los quejosos no tuvieron acceso en ningún momento a los estudios derivados de la manifestación de impacto ambiental, es decir, a la información sobre los diversos impactos ambientales locales y regionales que el proyecto denominado Tren Maya acarreará para el medioambiente y el territorio de esas comunidades”.

Las organizaciones ubican a este hecho como una violación al derecho de información que “tuvo como consecuencia la vulneración de su derecho a la adecuada participación de estas en la determinación de las implicaciones e impactos ambientales derivados del megaproyecto del Tren Maya, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

De acuerdo con la suspensión, las autoridades omitieron una evaluación ambiental regional que incluyera todos los estudios de los impactos del proyecto de forma integral y no seccionándolo por tramos, “es decir donde se determinaran los impactos acumulativos y sinérgicos o residuales ocasionados por el proyecto denominado tren maya en su totalidad, y no de manera fraccionada como se ha hecho”. 

También destacaron la relevancia de garantizar un desarrollo sustentable, sin impedir el progreso de la comunidad, pero con la garantía de lograr progreso para los habitantes. 

Las organizaciones Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíinbal”, Chuun t’aan Maya de Yucatán e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos afirman que “el Ejecutivo Federal ha violado sistemáticamente los derechos de las comunidades mayas a la libre determinación al invisibilizarlas y excluirlas del proceso de tomas de decisión sobre un proyecto que afecta y pone en riesgo su territorio y su integridad cultural”. 

Las agrupaciones consideran que se viola el derecho al medio ambiente, a una vida digna y a la posibilidad de desarrollar los proyectos de vida de generaciones futuras.

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