- La ONU mostró su preocupación por el aumento de los asesinatos de ex combatientes de las antiguas FARC-EP en diferentes regiones del país.
STAFF / AGENCIA REFORMA
NUEVA YORK, EU.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se declaró preocupada por el aumento de la violencia en territorios controlados por grupos armados ilegales y organizaciones criminales en Colombia.
Pidió el cese “inmediato” de las hostilidades, reforzando los derechos de todas las personas en los territorios afectados por el conflicto.
“Condenamos esta violencia que se ha agravado en las últimas semanas y está dirigida, principalmente, contra comunidades, personas defensoras de los Derechos Humanos, líderes sociales y comunitarios y ex combatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)”.
La ONU puso el foco en la problemática que atraviesa el departamento del Cauca, donde se evidencia el deterioro de la situación de derechos humanos y seguridad con desplazamientos forzados y ataques en contra de comunidades y autoridades étnicas, así como afectaciones a la fuerza pública, ocurridos durante marzo y abril.
El asesinato de la gobernadora indígena del resguardo de La Laguna, en Caldono, Sandra Liliana Peña, y el posterior ataque armado en contra de la comunidad indígena a la cual pertenecía -donde resultaron heridas decenas de personas-, son algunos de los hechos ocurridos recientemente en este departamento.
Es combatientes
La ONU mostró su preocupación por el aumento de los asesinatos de ex combatientes de las antiguas FARC-EP en diferentes regiones del país.
Durante la última semana fueron asesinadas siete personas en proceso de reincorporación en los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Chocó, Guaviare y Meta.
“Estos hechos violentos, con serios impactos en la vida de las personas y de las comunidades, están ocurriendo en territorios con presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, economías ilícitas, donde se da el reclutamiento de menores y con una limitada presencia del Estado”, reiteró.
Precisamente, este es uno de los aspectos más destacados del último informe del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre la Misión de Verificación de Naciones Unidas en el país latinoamericano.
Ahí expuso que para hacer realidad la promesa de una paz duradera es necesario consolidar una presencia integrada del Estado en todo el país.
Tal presencia, además, debe incluir a aquellos que tienen la responsabilidad de la promoción y protección de los derechos humanos.
“La ONU ha reiterado su solidaridad con todas las víctimas y continuará acompañando a las comunidades, a las autoridades étnicas y a los entes del Estado para hacer frente a estas preocupaciones comunes, superar el conflicto y avanzar en la consolidación de la paz”.
De forma paralela, insistió en el llamamiento de António Guterres al cese de hostilidades que permita avanzar en los esfuerzos de recuperación en el país en medio de la pandemia de Covid-19.
Instó a reforzar las medidas para salvaguardar de manera efectiva la vida y los derechos de todas las personas en los territorios afectados por el conflicto y la violencia.
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