POR KUKULKÁN
EL ARRESTO de Florian Tudor debe tener comiéndose las uñas a muchos políticos, funcionarios, notarios y empresarios editoriales del sureste mexicano a quienes la Fiscalía General de la República también tiene bajo investigación por estar presuntamente relacionados con los negocios ilegales del rumano y su banda de operadores, todos de origen extranjero.
HASTA AHORA las pesquisas realizadas por la Fiscalía —con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), además del intercambio de información con las agencias estadounidenses DEA y FBI—, vinculan a Tudor con al menos dos exalcaldes del Partido Verde, varios funcionarios municipales, policías y ocho notarios que se prestaron para constituir las empresas fantasma a través de las cuales operó la banda libremente durante más de una década en Quintana Roo.
LOS EXALCALDES aludidos son, nada más y nada menos, que Remberto Estrada, “Remby”, quien hace dos años concluyó su gobierno en el municipio de Benito Juárez y Laura Fernández Piña, alcaldesa con licencia de Puerto Morelos y candidata a una diputación federal por la alianza “Juntos Haremos Historia”, ambos apadrinados por el líder moral del partido del tucán, Jorge Emilio González “El Niño Verde”.
EL PLATO FUERTE de esta investigación es la lista de notarios que han “prestado sus servicios” para que la mafia rumana pudiera constituir empresas fachada y apropiarse de bienes inmuebles, sus nombres son: Ricardo Adrián Samos Medina, titular de la Notaría 41 y exdirector de SSP de Benito Juárez; Oswaldo Antonio Canto Mármol; Luis Gabriel Palacios Velasco; Julio César Traconis Várguez, auxiliar de la Notaría 41; Luis Miguel Cámara Patrón y Marco Antonio Sánchez Vales.
OTROS que están en la mira de la Fiscalía son los dueños y directivos de cuando menos cuatro periódicos con circulación en los estados de Quintana Roo y de Tabasco, quienes pusieron a disposición sus líneas editoriales para proteger y defender los negocios del rumano, así como para atacar mediáticamente a su principal “enemigo”: el exsecretario de Seguridad Pública estatal Alberto Capella, al que Tudor responsabiliza de un operativo policíaco a sus empresas mediante el cual le robaron en dinero y bienes unos 65 millones de pesos.
A ESTAS ACUSACIONES, Capella ha respondido que sólo es una treta mediática del rumano para desviar la atención de las responsabilidades que debe afrontar en su país de origen y en Estados Unidos, además de los que enfrenta en México por cometer fraudes cibernéticos, blanqueo de capitales, trata de personas (traficar con mujeres para explotación sexual, principalmente rumanas), extorsiones, fraudes y sobornos a funcionarios federales, estatales y municipales, jueces y magistrados, así como a dueños y directivos de medios de comunicación.
COMO OPERADORES jurídicos de Tudor figuran Cosmin Adrián y Chakib Naif Ifram desde el 6 de diciembre de 2019; y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo también participan Eddy Pérez Escobar, agente del Ministerio Público en la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la Fiscalía General de Justicia (2011-2018); Jonathan Medina Nava, fiscal del MP en la Fiscalía de Investigación de Cancún, desde 2013; Clementino Nicolás Paz González, agente de la Policía Judicial de la Unidad de Delitos Contra la Vida y la Salud de la FGJ (2002) y policía preventivo de la SP de Othón P. Blanco, Quintana Roo (enero-septiembre de 2002).
ES AMPLIA la lista de expolicías involucrados del municipio de Benito Juárez, que inclusive fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo por el delito de usurpación de funciones (25/01/2020), ellos son: Mauricio Serrano Córdova, Leonel Lázaro Rodríguez, Carlos Hernández Ramírez y Efraín Leyva Lázaro.
