- Graciela Ortiz González, quien declinó a favor de la panista María Eugenia Campos, está en la lista de la llamada “nómina secreta” del ex Gobernador Duarte.
STAFF / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO. – Graciela Ortiz González, abanderada del PRI a la Gubernatura de Chihuahua y quien declinó a favor de la panista María Eugenia Campos Galván, también se encuentra en la lista de beneficiarios de la llamada “nómina secreta” del ex Gobernador priista César Duarte.
En la investigación de la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”, se indica que Ortiz González recibió 4 millones de pesos de manera indebida por parte del ex Mandatario.
La primera entrega fue el 30 de junio de 2011 por un millón 500 mil pesos y la segunda por 2 millones 500 mil el 26 de julio del mismo año.
A Ortiz González, quien fungió como Secretaria General de Gobierno en el inicio de la Administración de Duarte, no se le ha individualizado una carpeta, pero forma parte de la investigación general que realiza la Fiscalía General del Estado respecto a los desvíos que recibieron políticos de diversos partidos, así como líderes religiosos y representantes de medios de comunicación.
Hasta ahora, ex secretaria de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, no ha sido requerida por la autoridad judicial para declarar sobre el presunto dinero ilícito que recibió del ex Gobernador, quien actualmente se encuentra preso en Miami, Florida, en espera de ser extraditado a México para responder por presuntos actos de corrupción ante la justicia de Chihuahua.
El 29 de marzo pasado, durante la audiencia de imputación de Campos Galván por presuntos sobornos de Duarte, el nombre de Graciela Ortiz fue mencionado durante la narración de los hechos que realizó el Ministerio Público respecto a la lista de beneficiarios por Duarte.
El 25 de mayo, Ortiz González declinó a favor de Campos Galván, conocida como Maru, a quien un Juez de Control de Chihuahua vinculó a proceso el 1 de abril por presuntamente haber recibido más de 9 millones de pesos cuando era diputada local en el Congreso del Estado.
Como medidas cautelares, el juez le retuvo el pasaporte para evitar que saliera del País, le fijó una fianza y le prohibió acercarse a los testigos del caso.
México solicitó la extradición de César Duarte con base en una orden de aprehensión girada en octubre de 2019 por una jueza local de Chihuahua, que acusa al ex Mandatario de desviar 96.6 millones de pesos del erario hacia dos de sus empresas entre 2011 y 2014. Sin embargo, en total suman 20 órdenes de aprehensión del fuero común y una federal en su contra.
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