POR KUKULKÁN
CUANDO UNA PERIODISTA se pone a litigar en tribunales los asuntos que investiga, su trabajo pierde credibilidad e imparcialidad —dos de los principios claves en esta noble profesión—, porque su interés ya no es el de informar objetivamente a la población sino el de posicionar su muy personal postura respecto a un tema al que busca sacarle provecho ya sea económico o político.
POR ESO NO TUVO ni tendrá impacto la denuncia que ayer planteó en la conferencia mañanera presidencial la periodista-abogada-activista Fabiola Cortés respecto a supuestos actos de corrupción cometidos por familiares del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.
ELLA MISMA SE DESACREDITÓ al pedirle públicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador su ayuda para apuntalar las denuncias presentadas contra el mandatario quintanarroense y su familia, a partir de una “investigación periodística” que ha venido machacando por más de seis meses, como por consigna personal, sin conseguir el efecto protagónico por ella esperado de convertirse casi casi en candidata al Premio Pulitzer.
SI SUS DENUNCIAS no han prosperado es simple y sencillamente porque su trabajo “reporteril” adolece del rigor que exige el periodismo y que lo haría demoledor por sí sólo, sin necesidad de recurrir a litigios de por medio o de tener que pedir ayuda al mandatario federal cuando en el estado no ha logrado atraer los reflectores públicos para acicalar su protagonismo.
QUIENES HAN PASADO por una redacción de algún periódico o revista nacional, saben que las investigaciones tienen caducidad para los autores el día en que se publica y ya correspondería a las autoridades competentes actuar en consecuencia a partir de los datos reveladores aportados, mientras que el reportero debe pasar al tema siguiente precisamente para no convertirlo en bandera de intereses personales ¿Qué persigue la periodista-abogada-activista con este escándalo mediático? Sólo ella lo sabe, pero está claro que hacer periodismo serio y profesional, no.
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SE LES ACABÓ el negocio a “coyotes” y despojadores de departamentos en zonas de lujo mediante la simulación de juicios laborales; recién acaba de promulgarse la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo para resolver los conflictos entre trabajadores y patrones antes de llegar a tribunales.
EL NUEVO ORGANISMO tiene la facultad de privilegiar la mediación en conflictos laborales, como una instancia eficaz y expedita, antes de que los desacuerdos escalen y se interpongan demandas por la vía jurisdiccional; por disposición de esta ley ningún trabajador podrá entablar directamente un juicio hasta no agotar la instancia del Centro de Conciliación, y de no ser así el caso estará perdido.
