- La empresa fundada por los rumanos adquirió los lotes 15 y 17 de la calle Robalo en Cancún la cual permanece inmovilizada desde el pasado 22 de julio.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- La empresa utilizada por la “Banda de la Riviera Maya” para adquirir propiedades inmobiliarias seguirá asegurada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Como parte de la investigación en el esquema de fraudes que se tejió contra turistas extranjeros en cajeros automáticos de Quintana Roo, un juez federal negó otorgar medidas cautelares para liberar a la Inmobiliaria Investcun, S.A. de C.V, que permanece inmovilizada después de un cateo desde el pasado 22 de julio.
El administrador general de la compañía Adrián Ninel Enachescu interpuso un amparo, pero no tuvo éxito para sortear el aseguramiento de la empresa. Igualmente ocurrió al inmueble que servía como cuartel general de Florian Tudor.
El hermanastro del “Tiburón” Tudor (actualmente preso en el penal federal del Altiplano del Estado de México), pretendió combatir en tribunales federales la técnica de investigación número 108/2021 de la FGR, derivada del involucramiento de la moral en la investigación ministerial.
La compañía intervenida fue utilizada para comprar inmuebles en la entidad, como el par de lotes que al ser fusionados sirvió de hogar al “Tiburón” Tudor y su familia.
El aseguramiento fue decretado por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, Jesús Alejandro Ávila Gutiérrez.
En la moral, Florian Tudor tenía poderes amplios de administración y dominio, a pesar de que su hermanastro Adrian Ninel Enachescu era administrador único desde 2019, según la escritura pública 7,315.
Una resolución del Juzgado Quinto de Distrito (bajo el amparo 28550284) negó la suspensión provisional el 11 de agosto pasado, en un caso que se mantiene activo.
En la resolución judicial, se aclaró que de concederse la protección federal se “contravendrían disposiciones de orden público y el interés general que se vincula a la labor constitucional encomendada al Ministerio Público, en que se investigue y se persiga a los probables responsables de los delitos, por lo que en caso de suspenderse, se obstaculizaría la función constitucional del órgano persecutor de delitos y afectaría la estabilidad social”.
La empresa fundada por los rumanos adquirió a la Inmobiliaria Crisantemos, S.A. de C.V. los lotes 15 y 17 de la calle Robalo en el Centro de Cancún que al fusionarse tuvieron una superficie de 633.53 metros cuadrados en la Manzana 09 de la Supermanzana 03, el 12 de junio de 2015.
De acuerdo con la escritura pública 3713 formalizada por el Notario Público 37, Nain Gabriel Díaz Medina (a quien también se le congelaron sus cuentas de banco), la operación de compraventa se pactó entre Adrian Ninel Enachescu y Francisco Evadio Garibay Osorio, a quien se le aseguró la cuenta bancaria 60607863411.
Ninel Enachescu enfrenta una orden de extradición que pretendió combatir con el amparo 8126108 en el Juzgado Segundo de Distrito, de cuya ejecución responsabilizó al Fiscal General, Secretario de Seguridad Pública y director de la Policía de Investigación de Quintana Roo. La medida cautelar le fue negada.
Igualmente solicitó la protección federal en un segundo juicio de garantías ante el Juzgado Segundo de Distrito (expediente 28121711), contra su detención, aprehensión y/o extradición a Rumania, pero también se le negó el pasado 3 de agosto.
Otra compañía involucrada con la “Banda de la Riviera Maya” y que enfrenta un par de cuentas de banco intervenidas es Nabe, Sociedad Civil, propiedad del notario 20 de Cancún, Benjamín de la Peña Mora, y de su hijo el diputado local por el Partido Verde Ecologista, José de la Peña.
A la moral se le incluyó en el requerimiento hacendario 110/F/B/978/2021 que a través del acuerdo 10/2021 de la UIF ordenó el bloqueo bancario de 19 personajes y empresas de Quintana Roo, el 9 de febrero pasado.
El fedatario afectado pretendió combatir la medida con el juicio de garantías 27580737 que recayó en el Juzgado Segundo de Distrito, pero que negó la protección federal tres días después de haberse solicitado.
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