POR KUKULKÁN
EL BOMBAZO del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha dejado al descubierto millonarias cuentas de personajes políticos de la vida pública de Quintana Roo quienes, bajo el anonimato, llevaron su patrimonio a offshores secretas en paraísos fiscales, montos millonarios que podrían estar ligados a actos de corrupción y lavado de dinero. La investigación periodística clasificada como Pandora Papers revela que, entre los más de 3 mil mexicanos involucrados, también están los nombres de al menos 80 políticos y sus familias.
ENTRE ese mundo de personajes figura Edgar Manuel Méndez Montoya, compañero de Roberto Borge en el Tecnológico de Monterrey quien en 2011 se convertiría en gobernador de Quintana Roo y desde entonces habría utilizado a Méndez Montoya como su principal prestanombres, tanto fue así que a finales del 2017, un Juez liberó una orden de aprehensión en contra de Edgar Manuel, acusado en la adquisición de casi una docena de predios por debajo de su valor real.
PRÓFUGO de la justicia, Manuel Méndez también fue el administrador de los gastos de la campaña a gobernador Borge por lo que el ascenso económico meteórico de este borgista comenzó en 2007 cuando se inició en el mundo empresarial distribuyendo acero a través de la razón social EDME SA de CV. Otra empresa creada por esa dupla fue Grupo Desarrollador Rumega SA de CV, justo en 2012, un mes después de que Borge tomará protesta como gobernador, y a la que se le adjudicaron millonarios contratos de obras de Sintra.
AUNQUE el nombre de Edgar Manuel Méndez Montoya se ocultó muy bien en el acta constitutiva, las pesquisas confirman que uno de los socios es empleado del ex operador financiero de Roberto Borge Angulo. El que ahora Edgar Méndez esté de nueva cuenta en el ojo del huracán, podría hundir la pretensión de su socio, Roberto Borge, de salir muy pronto de la cárcel.
EN EL MOVIMIENTO de esas millonarias fortunas —según esta investigación periodística que se realizó durante más de un año y que coordinó a más de 600 periodistas para analizar cerca de 12 millones de documentos internos provenientes de 14 firmas especializadas en estructuras offshore, con sedes en 38 países— también figuran nombres de personajes políticos y empresarios conocidos.
SE TRATA de José Luis García Zalvidea, exsenador del PRD por Quintana Roo y sus hermanos, entre ellos Juan Ignacio García Zalvidea —“El Chacho”, otrora alcalde de Cancún y encarcelado en 2004 por un caso de peculado—. Juntos controlaron las sociedades Ivorybay Company Limited, Flim II Ltd. y Eden Holdings Limited, Casa del Mar Limited y Aurora Bay Limited, que poseían cuatro yates de más de un millón de dólares cada uno.
VARIAS de estas sociedades eran administradas por su hermano Fernando García Zalvidea, un empresario turístico encarcelado un año por presunto lavado de dinero. A su muerte, en 2013, el hombre heredó sus acciones y el 10 por ciento de su fortuna a sus hermanos, según documentos del despacho Trident Trust.
LAS ESQUIRLAS de la bomba periodística también alcanzaron al hermano del ex gobernador yucateco Patricio Patrón Laviada, Francisco Antonio quien desde el 2008 ya había sido señalado por estar presuntamente vinculado con el crimen organizado en la compra y venta de automóviles nuevos y usados. Si bien tener una sociedad offshore no es un crimen, en muchos casos su opacidad permite la comisión de delitos como el lavado de dinero, la corrupción o la evasión fiscal. En México no es ilegal tener sociedades fachada para mantener activos o resguardar el patrimonio fuera del país, inclusive algunas personas las utilizan para reducir riesgos a su seguridad o conducir negocios internacionales.
SIN EMBARGO, el uso de sociedades offshore puede ser particularmente controversial en el caso de políticos y funcionarios públicos, pues las pueden utilizar para esconder dinero y bienes procedentes de sobornos o desvíos de recursos públicos. Esto es de particular interés en naciones como México donde la corrupción es rampante y el gobierno ha hecho un pobre trabajo impidiendo estos abusos que generalmente degeneran en impunidad.
