- El CCE argumentó que la reforma eléctrica generaría un boquete en las finanzas públicas, ya que impondría a la CFE obligaciones equivalentes al menos a 2.5 veces su presupuesto anual.
VERÓNICA GASCÓN / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- De aprobarse la reforma eléctrica, en los próximos 10 años los subsidios y sobrecostos alcanzarían 1.4 billones de pesos, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el documento “Una reforma que lastima a México”.
Según sus cálculos, la reforma haría que creciera el porcentaje de la energía generada con la flota de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a costa de la producción de las plantas limpias y eficientes.
Tan sólo para la CFE, eso implicaría un aumento del costo del suministro básico de 621 mil millones de pesos para 2031.
El Consejo argumentó que la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal generaría un boquete en las finanzas públicas, ya que impondría a la CFE obligaciones equivalentes al menos a 2.5 veces su presupuesto anual.
De 2016 a 2022, el promedio del presupuesto de inversión física de CFE para obra pública, es decir para activos nuevos, excluyendo pago de Pidiregas y mantenimiento de activos existentes, es menor a 700 millones de dólares anuales, dijo el CCE.
Lo comparó con la Inversión Extranjera Directa de la iniciativa privada durante el mismo periodo, que ha sido 2.5 veces mayor, a lo que se debe sumar la inversión nacional.
“CFE tendría que triplicar su presupuesto anual de inversión para obras públicas, elevándolo hasta unos 2 mil 500 millones de dólares anuales para únicamente igualar lo que se venía invirtiendo en el sector”, advirtió.
Añadió que al adjudicarle a CFE el control y rectoría de la transición energética, la reforma cancela de facto la posibilidad de una matriz energética más limpia y eficiente.
Además de que toda la inversión en generación solar y eólica en México en años recientes ha provenido del sector privado.
“La reforma tendría efectos confiscatorios sobre las inversiones operativas y comprometidas en los mercados de generación, suministro y comercialización.
“Sin la posibilidad de recurrir a medios de defensa nacionales, los inversionistas se verían obligados a acudir directamente a arbitrajes internacionales”, anticipó el sector empresarial.
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