- La presidenta municipal de Puerto Morelos recibió de su antecesora Laura Fernández y su suplente Ana Luisa Betancourt un gobierno en quiebra, ahogado en deudas y sin recursos económicos.
MARCO ANTONIO BARRERA
PUERTO MORELOS, Q. ROO.- La presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, recibió de su antecesora Laura Fernández y su suplente Ana Luisa Betancourt un gobierno en quiebra, ahogado en deudas y sin recursos económicos suficientes para pagar completa la nómina de los trabajadores.
La caótica situación financiera que enfrenta el undécimo municipio de Quintana Roo gobernado durante más de un lustro por la actual diputada federal por el Partido Verde Ecologista, Fernández Piña, enfrenta una crisis profunda que afecta especialmente los bolsillos de casi dos mil 500 trabajadores sindicalizados y empleados de confianza.
Las versiones que corren al interior del gobierno municipal es que se impuso un recorte salarial que partió a la mitad las quincenas de un amplio grupo de los trabajadores, cuyos pagos se entregan en efectivo a pesar de que los afectados cuentan con una tarjeta de nómina activa.
La ilegal conducta también condicionó y restringió las prestaciones a las que tienen derecho los empleados, especialmente los de base, como estímulos, reconocimientos, incentivos y pagos excepcionales.
El Presupuesto de Egresos 2021 aprobado durante la cuadragésima quinta sesión ordinaria del Ayuntamiento de Puerto Morelos, el 23 de diciembre del año pasado, autorizó un monto de 179 millones 102 mil 171 pesos para pagar sueldos y salarios y otros 36 millones 879 mil 582 pesos para remuneraciones del personal de base y de confianza, de cuyos recursos se desconoce su paradero.
La realidad que enfrentan los trabajadores es que únicamente reciben la mitad del sueldo estipulado y se hace además en efectivo, cuya entrega se les condiciona después de que firman por el monto completo.
Al personal que protesta o se niega a recibir la mitad del salario (que entre los sindicalizados va entre 4 mil y 12 pesos mensuales, dependiendo la actividad que realicen) recibe amenazas de despido y que su plaza será ocupada en lo inmediato por personas procedentes de Cancún y la ciudad de Puebla.
Esas versiones tienen pleno sustento ya que el Secretario General en funciones del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, solicitó a la justicia federal medidas cautelares para frenar la ilegal medida.
De acuerdo con el juicio amparo número de expediente 28936150, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Quintana Roo, la representación sindical reclamó el pasado lunes, “la restricción, disminución y condicionamiento de salarios y demás prestaciones de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo”.
Para los afectados el indebido proceder del gobierno portomorelense viola los artículos constitucionales 14 y 16, los cuales dictan que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos o molestado en su persona, familia, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente.
Igualmente transgrede el artículo 123, que tutela el derecho al trabajo digno y socialmente útil y la organización social, y que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia.
Además, el artículo 133 que impone la supremacía jurídica de la Constitución federal sobre las leyes que emanen de ella.
En los dictámenes financieros municipales de sueldos se reconocían (hasta junio pasado) a dos mil 497 trabajadores registrados, pero también se reportaron 97 contratos por honorarios: 79 para ayudantes generales con un sueldo mensual de nueve mil pesos, siete operadores de máquinas y supervisores con un ingreso de 12 mil pesos, cuatro de choferes con un pago de 10 mil pesos y dos ayudantes generales con cuatro mil 400 pesos al mes.
La cifra de mitad de año contrasta con la del año pasado, cuando se reconoció la existencia de cuatro mil 502 trabajadores de base y confianza y de otros 133 por honorarios, de los cuales 113 fueron ayudantes generales (con sueldo de nueve mil pesos mensuales) y otros 10 de la misma categoría ($4,500), cinco operadores de máquinas ($12,000) y cuatro choferes ($10,000) y otro conductor de vehículo ($5,000).
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