- Estados Unidos intervino para desmantelar un esquema de lavado de dinero que involucraba a empresarios mexicanos con Alex Saab, presunto prestanombre y operador financiero del presidente venezolano Nicolás Maduro.
VERÓNICA AYALA/ ESPECIAL / MCCI / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Una nueva red de empresas para el envío de alimentos de México a Venezuela surgió en los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero se frenó abruptamente cuando Estados Unidos intervino para desmantelar un esquema de lavado de dinero que involucraba a empresarios mexicanos con Alex Saab, presunto prestanombre y operador financiero del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) identificó que entre 2019 y 2020 ocho empresas mexicanas asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y en la Ciudad de México utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela.
Según registros de comercio exterior las empresas facturaron más de 64 millones de dólares, equivalentes a unos mil 200 millones de pesos.
Esta nueva red es diferente a la que surgió a finales del sexenio pasado, cuando la entonces PGR implicó a 25 empresas y personas físicas en el lavado de 156 millones de pesos, y que fueron perdonados en el 2018 tras un “acuerdo reparatorio” que consistió en un donativo de 3 millones de dólares para la ONU.
La UIF denunció ese acuerdo por ilegal y avalado por exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.
La nueva estructura también es operada por Alex Saab —actualmente preso en EU— y compra alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela (CLAP).
En 2018, las compras de México para los CLAP se detuvieron al exhibirse la mala calidad de alimentos vendidos con sobrecosto y con un aparente esquema de corrupción, lavado y evasión fiscal.
Pero entre 2019 y 2020 revivió una nueva estructura con importadoras ubicadas en Fresnillo, Zacatecas, Veracruz y CDMX, y empresas de lácteos, granos y abarrotes de Nuevo León y Guanajuato.
Los dueños de esos negocios se asociaron con Patricia Mundarain Guzmán, acusada de desvío de fondos públicos en Venezuela y con Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa del exalcalde chavista Jonnathan Teodoro Marín Sanguino, también acusado de corrupción en aquel país.
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