- Especialistas en temas de la industria eléctrica consideraron ayer que la reforma que impulsa el gobierno federal es, en los hechos, una expropiación de facto.
ÉRIKA HERNÁNDEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Especialistas en temas de la industria eléctrica consideraron ayer que la reforma que impulsa el gobierno federal es, en los hechos, una expropiación de facto, además de que el daño sería incalculable.
“Dicen que no es una expropiación, en la literalidad puede que no se entienda así, pero es una expropiación de facto, porque si se cancelan los permisos de generación, dónde quedó el Estado de derecho, dónde quedaron mis derechos adquiridos, mi permiso se otorgó conforme a la ley”, señaló Óscar Moreno Silva, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.
Al participar en los foros sobre la reforma que organiza la Cámara de Diputados, el experto dijo al entrar en vigencia la reforma, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será un monopolio en el abasto de energía.
El exrector de la UNAM, Francisco Barnés, se pronunció por rechazar en su totalidad la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el impacto económico y social que representa.
“La reforma al marco constitucional propuesta por el Ejecutivo debe ser rechazada en todos sus términos, por el grave daño que causaría al sector eléctrico, a la propia CFE, a la confianza de los inversionistas, a las finanzas públicas y a la economía nacional”, indicó.
El ahora socio director de CIFRA2 Consultores expuso que, al cerrarse la participación privada, a más de 800 centrales eléctricas en operación o construcción se les impone un cambio radical en su modelo de negocios, lo cual es violatorio del marco legal nacional y los acuerdos internacionales, y habría una lluvia de litigios que costarán millones de dólares al país.
“Cancela todos los permisos de generación y todos los contratos celebrados por la CFE, afectando a cientos de inversionistas que recurrirán a arbitrajes internacionales, dañando nuestra reputación, todo el esfuerzo de este gobierno y otros grandes inversionistas se está tirando por la borda”, agregó.
Humberto Morales Moreno, coordinador del Centro de Investigación de Historia Económica, sostuvo que con la reforma de Peña Nieto, la CFE entregaba permisos “de manera irresponsable”.
“No se trata de regresar al pasado. No se trata de excluir a los inversionistas privados, se trata de poner orden en el mercado eléctrico”, expuso.
Joaquín Rodríguez, jubilado de la CFE, aseguró que en el pasado apostaron a la desaparición de la empresa.
“El mercado fue impuesto a través de un mecanismo plagado de corrupción, liderado por la codicia, abandonando centrales generadoras, negándoles presupuesto para su mantenimiento, muchas convertidas en chatarra”, argumentó.
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