- Buscarán aprovechar el dinero incautado a delincuentes para capacitar y equipar a las Policías estatales y municipales.
ÉRIKA HERNÁNDEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, planteó ayer ante los diputados de Morena que para lograr la pacificación del país se requiere capacitar y equipar a las Policías estatales y municipales, y una salida es darle uso útil al dinero de los delincuentes.
“No existe una legislación que permita destinar los recursos incautados a la delincuencia organizada y al narcotráfico para la compra de vehículos, armas, chalecos, cascos, radios y todo tipo de equipamiento que es necesario para las Policías estatales y municipales. Este tema está en sus manos”, dijo en la plenaria de la bancada morenista.
“Si tuviéramos la aprobación del Congreso, la Secretaría de Hacienda podría hacer una compra consolidada para entregar a los municipios del país los equipos que se requieren, de acuerdo con la incidencia delictiva que registran”, planteó.
Si la propuesta es avalada en el próximo periodo de sesiones, dijo, el plan se podría aplicar este mismo año.
“Se trata, pues, de aprovechar las cuentas bancarias abultadas de delincuentes, narcotraficantes, criminales y extorsionadores; varios miles de millones que podrían ocuparse en el equipamiento de nuestros policías de todo el país, porque, hay que decirlo, a veces un chaleco hace la diferencia cuando se enfrenta al crimen”, añadió.
El líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que en 10 días presentarán un anteproyecto sobre la incautación de recursos.
“No es un asunto sencillo, pero tiene que ser para nosotros prioridad para este periodo. Por eso, asumimos ese compromiso conjunto, votado por el grupo parlamentario, de que se instalen las mesas de trabajo de revisión técnica”, indicó.
TRASLADO DE REOS
Rodríguez también planteó la necesidad de facultar al presidente de la República y a los gobernadores para autorizar el traslado de reos de centros locales a federales.
Actualmente, explicó, es facultad exclusiva del Poder Judicial.
“¿Cómo podemos ayudar a la gobernabilidad de los centros penitenciarios? Devolviendo al Ejecutivo federal y a los estados la facultad de autorizar los traslados de personas privadas de la libertad de centros locales a federales”, apuntó.
La responsable de la seguridad expuso que la Ley Nacional de Ejecución Penal faculta al Poder Judicial para determinar la legalidad de los traslados, y los jueces de ejecución son los únicos encargados de hacerlo.
En su exposición, también pidió que en la reforma se establezca que las prisiones pueden generar sus propios recursos con la elaboración de productos, y los estados comprar un porcentaje mínimo de éstos.
Te puede interesar: Plantean ajuste a la revocación
