- El ex secretario de Finanzas y Planeació, Juan Pablo Guillermo Molina, no pudo frenar el juicio político que enfrenta desde 2018 ante la Cámara de Diputados de Quintana Roo.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- El ex secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) durante el borgismo, Juan Pablo Guillermo Molina, no pudo frenar el juicio político que enfrenta desde 2018 ante la Cámara de Diputados de Quintana Roo.
Luego de una batalla jurídica que empezó hace 31 meses, al ex funcionario le fue rechazada su solicitud de amparo ante la justicia federal y a través de la cual demandó medidas cautelares contra el Poder Legislativo estatal, bajo el argumento de que se les agotó el tiempo para proceder en su contra por lo que incurrieron en supuesta “caducidad del procedimiento”.
Pero la resolución del Juzgado Sexto de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito emitida el pasado 4 de febrero sobre el expediente número 25049986, indica que el juicio de procedencia no ha caducado como lo demandó el ex servidor público, sino simplemente se detuvo por el juicio de garantías interpuesto el 31 de mayo de 2019.
El ex funcionario invocó la declaratoria de caducidad debido a su supuesta paralización durante un año posterior a la conclusión del cargo, como lo establece el artículo 12 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.
Pero el juzgador recordó al ex funcionario que se ordenó judicialmente el incidente de suspensión luego de que le fue solicitado por su defensa el 11 de junio de 2019. “Si la paralización del procedimiento deviene como consecuencia de la suspensión concedida por este órgano, carece de razón el quejoso al pretender evidenciar violaciones de derechos fundamentales a partir de conjeturas o proposiciones subjetivas; por ello, debe negarse la protección de la justicia de la unión solicitada”.
Guillermo Molina pidió también en el mismo amparo medidas cautelares contra una omisión del Pleno Legislativo de evitar conformar una nueva Comisión Instructora, ante una supuesta imparcialidad en que incurrieron los diputados de la anterior XV Legislatura.
Para el ex titular de la Sefiplan, los integrantes del Congreso hicieron declaraciones a los medios de comunicación en las cuales adelantaron su culpabilidad por el desvío de dinero público.
La solicitud de renovación se formalizó con un escrito el 3 de enero de 2018, en el cual se denunció que sus integrantes supuestamente quebrantaron su derecho de presunción de inocencia.
La respuesta se dio en el oficio PGC/280/2019 (15 mayo 2019) por el entonces presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, quien al negar la solicitud expuso que de concederse la solicitud se dilataría el juicio que procesalmente se encontraba en una etapa de conformidad, en la que apenas se analizaba la procedencia del juicio y sin que todavía se hicieran conclusiones ni se hubiera decretado su probable responsabilidad.
El legislador panista expuso en esa ocasión que no había razones válidas para conformar otro órgano instructor, ya que los señalamientos hacia sus integrantes “únicamente son meras afirmaciones sin mayor sustento que publicaciones ante medios de comunicación, los cuales pueden ser tendenciosos”.
Pero en el análisis del juzgador, los hechos vulneraron los derechos fundamentales del quejoso, lo que fue suficiente para otorgar medidas cautelares “contra la omisión del Pleno de no conformar una nueva Comisión Instructora”.
“Que el Pleno de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, conforme lo expuesto por los numerales 70, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en relación con los diverso 17 y 18 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de esta Entidad, elija o conforme la Comisión Instructora, órgano de acusación que se encarga de estudiar, analizar y determinar, en su caso, la procedencia de la denuncia de juicio político seguido en contra del quejoso”.
Sobre el principal operador de desvíos millonarios de recursos públicos en el gobierno estatal anterior pesan también al menos siete acusaciones penales, como presunto responsable de diversos desvíos por más de tres mil 177 millones de pesos cometidos durante la gestión del ahora ex gobernador preso Roberto Borge Angulo.
El procedimiento de juicio político de encontrarlo culpable lo podría inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público, mismo que inició el tres de abril de 2017, y técnicamente un año después debía estar resuelto e impuesta la sanción correspondiente.
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