- La solicitud de medidas cautelares para Borge fue hecha en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en junio pasado.
MARCO ANTONIO BARRERA
CHETUMAL, Q. ROO.- La justicia federal ordenó al Juez de Control que analiza uno de los tres procesos penales del fuero común que enfrenta Roberto Borge, para que deje sin validez la respuesta negativa que le fue dictada en su intento de revertir la prisión preventiva justificada por el delito de aprovechamiento ilícito del poder.
Mediante un amparo favorable al ex gobernador de Quintana Roo se emplazó al juzgador de primera instancia del Distrito Judicial de Chetumal, para que dicte una nueva resolución en la pretendida solicitud.
Para el secretario en funciones de Juez Sexto de Distrito, César Octavio Meza, en la audiencia del 14 de mayo de 2021, donde se negó la revisión de la prisión preventiva justificada, la defensa del político cozumeleño alegó que supuestamente se violentaron sus garantías constitucionales.
En la sentencia del juicio de garantías 28164247, el apoderado legal José Enrique Marín Poot expresó que la negativa no estuvo fundada ni motivada legalmente y que se transgredió el debido proceso y acceso a la justicia de su cliente.
Igualmente, se cometieron vicios formales ya que durante la audiencia el juez responsable incorporó elementos que no fueron expuestos por el Ministerio Público en el debate, por lo que se le privó el derecho de revertirlos.
Entre los argumentos analizados se insistió en una indebida prolongación del límite de tiempo máximo permitido para mantener en prisión preventiva al imputado durante el tiempo que tarde en dictarse sentencia como parte del análisis de la carpeta administrativa 151/2017.
El párrafo noveno del artículo 20 de la Constitución General señala que el plazo referido será de dos años siempre y cuando la pena que se imponga no rebase dos años de prisión.
El fallo protector dictado el pasado 9 de febrero, ordenó dejar insubsistente la referida negativa y que se dicte una nueva resolución en la solicitud de revisión de medidas cautelares de la prisión preventiva justificada.
Los efectos de la concesión expuestos tuvieron un elemento común, tanto para el Juez de Control como para la fiscal del Ministerio Público, de dejar sin validez la negativa del trámite en cuestión.
Pero se ordenó que el Juez de Control deberá subsanar la irregularidad en que incurrió, al pasar por alto la fundamentación y motivación procesal, y proceder a emitir otra resolución con plenitud de jurisdicción e independencia.
Al personal ministerial se le instruyó para que aporte los fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente con los que impidió el beneficio legal para quien presuntamente desfalcó a la Administración Pública Estatal.
La defensa legal de Roberto Borge ha solicitado también una audiencia de extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la acusación, pero le ha sido negada, como igualmente ha ocurrido en que el plazo de la prisión preventiva debió correr desde el momento de su detención con fines de extradición en el Aeropuerto Tocumen de Panamá, el 5 de junio de 2017.
Pero para el juez penal encargado del caso todavía no han concluido el plazo establecido y que se ha prolongado porque la defensa ha utilizado diversos recursos legales (como los amparos contra el auto de vinculación a proceso y un recurso de revisión contra la sentencia adversa), que ha interrumpido el proceso penal durante un año, dos meses y 25 días.
El Juez de Distrito señaló que no existe claridad procesal en la fecha exacta en que comenzó a correr el plazo que dicta la Ley para resolver la prisión preventiva justificada, pero su aclaración deberá hacerse en otro juicio.
La solicitud de medidas cautelares fue interpuesta en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Quintana Roo el 3 de junio del año pasado, y se admitió a trámite cuatro días después.
Roberto Borge enfrenta además de tres cargos penales del fuero común en Quintana Roo, otra acusación de la Fiscalía General de la República que lo mantiene preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) de Ayala, Morelos.
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