Por KUKULKÁN
A PULSO, el fiscal Óscar Montes de Oca Rosales se ha ganado el mote de ‘El Bikini’: nadie sabe cómo se sostiene, pero todos quieren que se caiga. Aun cuando las cifras oficiales sobre violencia en el país colocan al estado de Quintana Roo a la baja en incidencias, la percepción de inseguridad ha aumentado por lo que se concluye que los ciudadanos han dejado de confiar en una institución que durante el gobierno pasado se dedicó a extorsionar a empresarios y exfuncionarios acusados de haber saqueado el patrimonio inmobiliario estatal durante el mandato de Roberto Borge Angulo. Lo que en palabras coloquiales se entiende como ‘robar al ratero’.
BAJO una estrategia publicitaria con el eslogan ‘En Quintana Roo quien la hace la paga’, que prometía aplicar todo el peso de la ley a los borgistas corruptos no sólo llevándolos a proceso penal y castigarlos, sino también obligarlos a reparar el daño, la Fiscalía persiguió a más de una veintena de ellos para que devolvieran lo robado, en dinero o en especie, pero no para reintegrarse a las arcas públicas del estado, sino para irse a los bolsillos de funcionarios del gobierno de Carlos Joaquín González. El operador de esta estrategia fue su Coordinador de Gabinete Juan de la Luz Enríquez Kanfachi, quien para ello colocó a su hermano Jesús Enríquez como secretario particular de Montes de Oca.
ENTRE los agraviados con esta estrategia, el empresario árabe Elías George Moussa Tanus tuvo que huir de Quintana Roo para no ser encarcelado tras rechazar la ‘oferta’ que le hicieron en la Fiscalía para mantener su libertad en el país. Acusado de ser uno de los prestanombres de Borge Angulo al figurar como propietario de valiosos terrenos del patrimonio inmobiliario estatal que el exmandatario priista remató entre familiares, amigos y colaboradores, se le abrió la carpeta de investigación, se le encontró responsable y para no vincularlo a proceso, a cambio le pidieron poner los predios en disputa a nombre de un tercero (cuyo nombre ellos le darían) además de pagar la cantidad de 10 millones de pesos para matar el caso.
AHORA desde Líbano, Elías George se defiende ante los tribunales federales donde llevan su curso dos amparos solicitados para que le devuelvan las propiedades aseguradas por la Fiscalía. El proceso en su contra se inició en 2017 y desde entonces ha venido solicitando la protección de la justicia federal respecto a la orden de aseguramiento, confiscación, retención, desposesión, decomiso, embargo tipo preventivo cualquier acto tendiente a restringir, limitar, inhibir, interrumpir o de cualquier manera impedir el uso, goce y disfrute sobre el bien inmueble materia del litigio. Su caso es apenas la punta del iceberg de corrupción del fiscal Montes de Oca y secuaces.
AUNQUE aún le falta un año al frente de esta institución ‘autónoma’, han ido en aumento las voces que exigen su renuncia por su ‘inoperancia’ y sus fracasos en materia de procuración de justicia, al grado de que el precio de su cabeza fue el motivo que la semana pasada provocó un caos en la zona hotelera de Cancún, luego de que colectivos en apoyo a padres de desaparecidos, cerraron ambos accesos a los centros de hospedaje provocando grandes pérdidas económicas a la industria turística además del desprestigio internacional. La advertencia fue clara: ‘no nos moveremos hasta que renuncie el fiscal Montes de Oca’.
LOS INCONFORMES obtuvieron la promesa de la gobernadora de analizar el caso y todo pareciera que los días del fiscal están contados. Sin embargo, él sigue muy fresco en su cargo, lo que algunos interpretan más bien como una estrategia para que no se vaya a dar a la fuga y asuma en funciones sus responsabilidades si es que resulta involucrado en alguna falta administrativa o delito. Montes de Oca tiene abierto otro frente en el Poder legislativo local, encargado de su nombramiento y posible remoción, donde el diputado Hugo Alday Nieto ha denunciado públicamente su incapacidad y ha exigido su destitución, aunque ninguno de sus compañeros lo haya apoyado hasta el momento, al menos públicamente. Si fuera el caso de que el Congreso tuviera que decidir el destino del fiscal aún ahí tendría una defensora, su gran amiga la diputada Susana Hurtado Vallejo, mejor conocida como Lady Tangas por promover su campaña electoral regalando a las mujeres este tipo de prendas femeninas. Así que, entre bikinis y tangas, el fiscal sigue en el cargo nada más ‘por sus calzones’.
