- Un juez del tribunal en Brasil ha ordenado más de cien operativos en respuesta a las movilizaciones convocadas por los seguidores de Jair Bolsonaro.
EUROPA PRESS / AGENCIA REFORMA
MADRID, ESPAÑA.- El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ha ordenado a la Policía Federal llevar a cabo más de cien operativos en relación a las movilizaciones convocadas por los seguidores del aún presidente Jair Bolsonaro para protestar por su derrota en las pasadas elecciones.
El objetivo de estos operativos es depurar responsabilidades por los bloqueos en las carreteras que se registraron apenas se supo que Luiz Inácio Lula da Silva se había impuesto en la segunda vuelta de aquellas reñidas elecciones.
Los operativos se han llevado a cabo en ocho estados, siendo los de Espíritu Santo, Mato Grosso del Sur, Paraná y Santa Catarina, aquellos en los que más dispositivos de este tipo han sido desplegados.
Durante los registros, la Policía Federal ha encontrado una quincena de armas de fuego, entre ellas un fusil de asalto y una ametralladora, además de municiones. La mayoría de este armamento se encontraba e un domicilio en Santa Catarina. Nadie se encontraba en el momento en el que los agentes irrumpieron en el lugar.
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Además de registro e incautaciones, De Moraes ha emitido cuatro ordenes de prisión, de las cuales dos se han hecho efectivas, de congelación de bienes y quiebras del sigilo bancario.
OBJETIVOS ENTRE LOS DIPUTADOS ALIADOS DE BOLSONARO
Durante la operación se ha retenido a dos conocidos diputados afines a Bolsonaro, como el militar en la reserva Lucinio Castelo de Assumção, conocido ‘Capitão Assumção’, y Carlos Von, ambos en Espíritu Santo.
Por el momento no van a entrar en prisión, pero se les ha colocado una tobillera electrónica y se les ha retirado el pasaporte. De Assumção se ha mostrado como el más radical de los dos, con ataques constantes al sistema electoral brasileño y a los jueces del Supremo, a los que acusa de estar buscando dar un golpe de Estado.
De Assumção ya pasó diez meses en la cárcel cuando instigó una huelga en las filas de la Policía Militar en 2017, mientras que dos años después, como diputado estatal electo, utilizó su espacio en la Asamblea de Espíritu Santo para ofrecer una recompensa de 10.000 reales (unos 1.700 euros) a quien matase al sospechoso de asesinar a una joven, informa el diario ‘O Globo’.
“La Policía ha ido para allá y me cogió el ordenador”, ha confirmado Von, quien ha negado haber participado en “manifestaciones antidemocráticas”, ni haberse pronunciado en contra de la validez de los resultados de las elecciones.
Por su parte, De Assumção ha asegurado que la operación ordenada por De Moraes contra él solo tiene una finalidad “política” para “avergonzarle” ante la opinión pública, ya que a su juicio “no hay mínimos indicios” de su participación en estos actos ni en los ataques al Tribunal Supremo.
Este lunes, durante la entrega de las credenciales a Lula da Silva por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE), De Moraes ya alertó de que los autores de los “ataques antidemocráticos” serían “plenamente responsabilizados” y un día después contó que “todavía quedaba mucha gente sin detener y mucha multa sin aplicar”.
El mismo día que Lula recibió las credenciales se produjeron violentes protestas en Brasilia por parte de los acólitos de Bolsonaro que se niegan aún a reconocer la victoria de Lula da Silva. Numerosos vehículos fueron incendiados, el mobiliario urbano vandalizado e incluso intentaron asaltar una sede de la Policía Federal.
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