Por KUKULKÁN
ENTRE los cientos de documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional por el denominado grupo Guacamaya se encuentra uno titulado ‘Análisis de Incidencia y Comportamiento Delictivo’, de fecha 20 de noviembre de 2020 y clasificado como un “producto de inteligencia” elaborado con fuentes públicas y secretas que llevan a concluir que el gobierno de Roberto Borge Angulo (2011-2016) favoreció al crimen organizado con la entrega de tierras para desarrollos turísticos. Y ahora, en estos complejos se realizan actividades legales, pero con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero.
EL DIAGNÓSTICO es de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional y con todas sus palabras destaca que ‘autoridades locales’ intervinieron ‘en la concesión y compra de tierras a bajos costos’. En ellas se ejecutaron ‘desarrollos turísticos de alta plusvalía’, en los que ‘se lava principalmente el activo del crimen organizado’. Con claridad señala que “la administración de Roberto Borge Angulo estuvo marcada por la opacidad y el ejercicio irregular de la función pública”. Inclusive, destaca que el lastre dejado por el exgobernador tiene alcances transexenales y por ello, para 2019 el estado figuraba como la segunda entidad con mayores niveles de corrupción de todo el país.
EL DOCUMENTO advierte que los cárteles buscan aprovechar en Quintana Roo las ventajas de ser ‘el principal destino turístico de México’, es un estado que cuenta ‘con gran capacidad de recepción’ derivada de sus nueve puertos marítimos. ‘Su vida nocturna es un espacio de fiesta mezclada con la triada diversión, consumo [de drogas] y riesgo por parte de los turistas’. A diferencia de otros lugares del país, donde la droga sólo transita con rumbo a Estados Unidos, en ciudades como Cancún y Playa del Carmen también se consume. Por ello, ‘se vuelven frecuentes los ataques a establecimientos […] por el control del narcomenudeo’.
ESTE tipo de ‘revelaciones’ lo único que deja en claro es que los cuerpos de inteligencia nacional saben bien cómo viene operando el crimen organizado en el estado y no hacen nada, de hecho no pueden combatir al narco porque su dinero se ha diversificado y está metido en todos tipo de negocios ‘legales’, la economía mexicana está narcotizada y las autoridades no se pueden dar un balazo en el pie pretendiendo destruir a estos inversionistas. El auto es complejo y no se ve todavía luz al final del túnel. Por lo pronto, ya comenzaron a salir voces de políticos a favor de buscar negociar con los grupos del crimen organizado con el fin de reducir la violencia.
EL PRIMERO en lanzarse al ruedo hasta ahora es el ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, quien recientemente participó en el foro internacional ‘Seguridad y justicia por un México Mejor’, realizado en el senado de la República, donde planteó la posibilidad de pactar con los grupos generadores de la violencia. La propuesta también les fue planteada tanto al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández como al presidente Andrés Manuel López Obrador, según el ex panista.
BAJO la idea de que pactar es la última alternativa que queda para lograr la paz en México, el también ex comisionado del Servicio de Protección Federal comentó que desde julio pasado le hizo la propuesta al secretario de Gobernación para buscar a las organizaciones delictivas para convocarlas a este pacto y hasta el momento sólo dos han aceptado. ‘Yo le dije al Secretario de Gobernación que fui a buscar la manera de hacerla llegar (la propuesta) a algunos de los grupos del crimen organizado en México y logré hacerla llegar y solamente recibí respuesta de dos’.
SEGÚN Espino la propuesta ha sido exitosa en países como El Salvador y Colombia, por lo que en México debe considerarla seriamente ante el fracaso sistemático del combatir el crimen: ‘No solo no lo hemos logrado, sino que hemos empeorado, estamos peor que al principio en materia de seguridad’, enfatizó. Ahora sí que ¡fuera máscaras!
