- Con el “Plan B” de la reforma electoral se dotaría de poderes inconstitucionales al Órgano Interno de Control del INE, encabezado por Morena.
ÉRIKA HERNÁNDEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Con el “Plan B” de la reforma electoral se dotaría de poderes inconstitucionales al Órgano Interno de Control del INE, encabezado por un funcionario afín a Morena, de acuerdo con el diagnóstico del organismo.
La Constitución establece que esa contraloría interna tiene autonomía técnica y de gestión “para fiscalizar los ingresos y egresos” del órgano electoral, lo que implica diversas actividades.
Sin embargo, advierte el INE, de ninguna manera puede realizar tareas que le confieran poder de decisión sobre la administración de los recursos.
El OIC está encabezado por Jesús George, quien fue electo el 2 de mayo de 2019 a propuesta de Morena en la Cámara de Diputados.
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El contralor es del grupo de Horacio Duarte, ex funcionario federal y ahora coordinador de campaña de Morena en el Estado de México. Fue funcionario en el IEEM, donde buscó ser consejero electoral local, sin lograrlo, y fue asesor del consejero electoral José Roberto Ruiz.
Aunque durante su periodo ha criticado los sueldos y prestaciones de los consejeros, se había mantenido “de bajo perfil”; sin embargo, en el último año ha buscado tener mayor visibilidad.
Incluso, la semana pasada, demandó al presidente del INE, Lorenzo Córdova, que le diera voz en la sesión del Consejo General, para presentar su plan de trabajo, lo cual fue rechazado por no estar contemplado en el reglamento.
En la reforma electoral de Morena se mantiene el periodo del mandato del titular del OIC por seis años, y una reelección por el mismo plazo, contrario al secretario ejecutivo, cuya reelección se disminuye de seis a tres años.
Entre las nuevas facultades que le dan al OIC está la obligación de la Secretaría Ejecutiva para convocar al contralor a las reuniones de trabajo de los “órganos ejecutivos y técnicos del instituto”.
Además, se establece como requisito que las plantillas de personal que elabore la Comisión de Administración –nuevo órgano de dirección del INE–, deberán tener “previa opinión del Órgano Interno de Control”, para garantizar el “principio de austeridad en su integración y salarios”.
Con el argumento de que actualmente tiene voz, pero no voto, en la Junta General Ejecutiva –integrada por directores ejecutivos–, se indica que tendrá una posición en la nueva Comisión de Administración, que estaría integrada por consejeros y directores.
“Cualquier órgano de esa naturaleza tiene como encargo la fiscalización y no debe incidir en las decisiones autónomas del órgano, porque se sitúa en un evidente conflicto de interés”, advierte el INE.
Tras revisar el papel del OIC en la administración pública, la consejera Dania Ravel afirmó que ninguna tiene las nuevas facultades que se le pretende dar al contralor del INE, lo cual es preocupante.
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