- La entidad ocupa la posición 30 en el país por falta de Estado de Derecho. No tuvo límite poder gubernamental en gestión de Carlos Joaquín.
FELIPE VILLA
CHETUMAL, Q. ROO.- En cuestión de Estado de Derecho, el gobierno de Carlos Joaquín González dejó a Quintana Roo peor que nunca.
La entidad aparece en el antepenúltimo lugar nacional del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por el World Justice Project. En el sitio 30, Quintana Roo sólo es superado por Guerrero y Morelos como estados donde gobierno y sociedad menos respetan las leyes.
A lo largo del sexenio de Carlos Joaquín González, Quintana Roo se mantuvo en los últimos lugares en materia de respeto al estado de derecho, según los índices del World Justice Project.
Sin embargo, el problema se profundizó en el último año de su gestión. El reto de la nueva administración, a cargo de Mara Lezama Espinosa, es sacar a la entidad de los últimos lugares del estudio que se realiza anualmente.
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De acuerdo con el documento, los puntajes más recientes de Quintana Roo “continúan mostrando un estancamiento, e incluso un deterioro”. Agrega que la situación del estado es resultado de tres tendencias.
La primera es el debilitamiento de los contrapesos institucionales al gobierno del estado y un cierre del espacio cívico. “La segunda, es un deterioro en los sistemas de justicia penal. La tercera es la falta de avances en materia de anticorrupción”.
Para la elaboración del Índice, el World Justice Project evaluó ocho factores en cada entidad de la República: límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad, cumplimiento regulatorio; justicia civil y justicia penal.
La peor evaluación obtenida por Quintana Roo fue en el primer factor, límites al poder gubernamental, donde quedó en el sótano nacional. En otros seis factores, fluctuó entre los lugares 25 y 29 de las 32 entidades federativas. Y en uno solo, gobierno abierto, obtuvo una calificación aprobatoria. Ahí figuró en el octavo sitio.
En el estudio se señala que Quintana Roo se encuentra por debajo del promedio nacional en la mayoría de los indicadores que integran cada factor evaluado.
En el que se refiere a límites al poder gubernamental, los Poderes Legislativo y Judicial del estado reprobaron como contrapesos eficaces frente al Ejecutivo. Además, no hay otros contrapesos a la concentración de poder y los procesos electorales regularmente no se apegan a la normativa.
Con respecto al factor ausencia de corrupción, el estudio encontró que la corrupción entre los jueces y magistrados del Poder Judicial local es mayor a la del promedio nacional. También se presentan más casos de corrupción en las instituciones de seguridad y procuración de justicia que en el promedio del resto de la República.
En materia de derechos fundamentales, en la entidad hay menos derechos laborales, menos respeto a los procesos legales y más discriminación. Asimismo, en cuanto a justicia civil, mayoritariamente las personas no conocen sus derechos. Y con respecto de la justicia penal, los crímenes no se investigan eficazmente ni se actúa con imparcialidad.
En el factor de orden y seguridad, Quintana Roo está por encima del promedio nacional en la comisión de asesinatos por cada 100 mil habitantes. Y en el de cumplimiento regulatorio, la entidad presenta menos casos de procesos eficientes frente al promedio del resto de la República, además de que hay más casos de corrupción.
En contraste, en materia de gobierno abierto, Quintana Roo superó al promedio nacional en participación ciudadana y derecho a la información.
