- Las reformas con las que el PRI y PAN quitaron a Samuel García, facultades y organismos serán impugnadas ante la Suprema Corte.
MIRIAM GARCÍA / AGENCIA REFORMA
MONTERREY, NL.- Las reformas con las que el PRI y PAN quitaron al Gobernador de Nuevo León, Samuel García, facultades y organismos son ilegales, por lo que las impugnarán ante la Suprema Corte, advirtió ayer la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local.
Eduardo Gaona, coordinador de la bancada emecista, dijo que la mayoría del PRI y PAN aplicó por primera vez el criterio de publicar en medios impresos lo aprobado en primera vuelta y no en el Periódico Oficial del Estado (POE), como ha ocurrido siempre.
Votar reformas sin cumplir con la Ley del Periódico Oficial, afirmó, implica vicios de origen en las reformas, lo que hace posible pelear por la vía legal su invalidez.
“Es muy grave lo que hicieron, llevaron a una segunda vuelta reformas cuya primera vuelta no se había publicado en el Periódico Oficial y eso es, a todas luces ilegal, inconstitucional y vamos a dar la pelea legislativa y jurídica”, dijo Gaona.
“Ésto da materia para que, fácilmente, en una controversia o una acción de inconstitucionalidad, se caiga todo este contenido ilegal. Lo que ameritaría es una acción de inconstitucionalidad, vamos con un medio de impugnación”.
Por mayoría, las bancadas del PAN, PRI y sin partido, concretaron el miércoles reformas a la Constitución en las que quitan al Gobernador facultades para designar funcionarios e intervenir en la elección del Fiscal General de Justicia.
También lo obligan a pedir permiso para viajar e, incluso, dieron al Legislativo atribuciones para destituir a los integrantes del Gabinete y hasta elaborar el Presupuesto estatal en determinados casos.
Esos ajustes se aprobaron en primera vuelta en las sesiones del 30 de noviembre, 21 de diciembre y 1 de febrero, y al no ser publicadas en el POE, el Congreso las difundió en medios impresos el 9 y 14 de febrero.
El argumento legislativo fue que en el Artículo 212 de la Constitución se establece que el debate de las reformas constitucionales se publicará “profusamente”, sin precisar que deba ser en el POE.
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