- La política y legislación federal de austeridad republicana, adoptada también por el gobierno del estado, enfrenta cierta resistencia entre diputados de la XVII Legislatura.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- La política y legislación federal de austeridad republicana, adoptada también por el gobierno del estado, enfrenta cierta resistencia entre diputados de la XVII Legislatura del Congreso en desacuerdo con aplicar una ley tan restringida en el gasto oficial como la establecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los diputados argumentan que requieren mayor tiempo para analizar a conciencia cuáles son los rubros a recortar en el gasto para generar los ahorros financieros que propone el plan de austeridad del gobierno de la Cuarta Transformación.
Humberto Aldana Navarro, diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, reconoció desacuerdos con aplicar la Ley federal en Quintana Roo por lo que están siendo muy cautelosos para sacar una Ley Estatal de Austeridad virtuosa de la iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo, Mara Lezama Espinosa, el pasado 8 de diciembre, cuya aprobación sigue pendiente.
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Las disposiciones obligatorias planteadas en esa iniciativa son muy similares a los ordenamientos de la Ley General de Austeridad Republicana, vigente desde 2019 en todo México, donde no sólo se restringen viáticos, sino que desaparecen los gastos personales, se limita la adquisición de productos y servicios como la compra de uniformes administrativos, algunos tipos de papelería, gastos médicos y telefonía.
De acuerdo con el legislador lo que no tiene vuelta de hoja es que se acabó el derroche en superfluos como gastos médicos mayores, cirugías estéticas, comidas, automóviles de lujo y guardaespaldas.
En otro tipo de gastos como uniformes administrativos, papelería, insumos y telefonía están polarizadas las opiniones de los diferentes grupos parlamentarios. Al interior de Morena y sus aliados que forman la mayoría también existen desacuerdos, lo que obliga a sacar una iniciativa consensuada.
En la construcción de esta Ley estatal, la Secretaría de la Contraloría así como la de Finanzas y Planeación han realizado algunas observaciones de forma que también requieren ser analizadas para no afectar la operatividad de las dependencias y organismos públicos, comentó el legislador morenista.
Las restricciones de la iniciativa que provocan divergencias entre grupos parlamentarios son, por ejemplo, el artículo 17, que prohíbe la compra de vestuario y uniformes para personal administrativo; el artículo 19 que limita los gastos por telefonía, fotocopiado, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, papelería y pasajes de transportes, lo que ya están valorando concienzudamente para no afectar la función pública.
