- La justicia federal negó la protección constitucional a la empresa comisionada de repartir 5 mil, de los cuales casi 2 mil permanecen irregulares.
MARCO ANTONIO BARRERA
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La justicia federal negó la protección constitucional a la empresa comisionada de repartir 5 mil predios, de los cuales casi 2 mil permanecen irregulares, en cuyo proceso muchos fueron ocupados de una manera poco clara en la Colonia Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen.
La solicitud de medidas cautelares en un par de amparos fueron promovidos por la compañía Desarrolladora de la Riviera Maya, S.A. de C.V. (DeRiMaya) que impugnó jurídicamente la publicación de decretos para recuperar terrenos irregulares a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), emitidos el año pasado.
La orden legal se dio por el abuso e incumplimiento de un anuncio expedido hace casi medio siglo (2 abril de 1973), por el cual el gobierno de la República cedió mil 200 hectáreas de terrenos nacionales, de las cuales 180 hectáreas debieron destinarse a las personas con menos de un año de residencia.
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El plazo original para la entrega de 4 mil 480 predios, algunos de tipo comercial que se contempló su venta y otros de 300 metros para uso habitacional, fue de tres años y después se aplazó otros cinco, pero ante la tardanza oficial la citada colonia se comenzó a ocupar el 2 de abril de 1994.
Fue hasta el gobierno encabezado por el exmandatario quintanarroense Joaquín Hendricks (1999) cuando se constituyó ante notario la mencionada compañía que se inscribió registralmente con el Folio Mercantil Electrónico 1052 en el año 2001, con un objeto social declarado de entregar los mencionados terrenos nacionales.
La empresa quedó integrada con 100 acciones de las cuales 51 pertenecen al Instituto de Vivienda de Quintana Roo y las restantes 49 a Ofelia González Whitt, esposa del fallecido Francisco Rangel Castelazo, a quien se le ha mencionado como presunto orquestador del despojo de tierras en Playa del Carmen.
Sobre este mismo tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia mañanera (25 de septiembre de 2020) reconoció que la citada escrituración en la Colonia Colosio “es un problema de tiempo atrás de una inmobiliaria o de una persona que se acredita como dueño de esos terrenos”. Desde esa tribuna se comprometió a entregar escrituras.
Ante el evidente incumplimiento, DeRiMaya pretendió obtener medidas cautelares en un primer juicio de amparo promovido en la Ciudad de México del que obtuvo una suspensión provisional del Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, pero cuyo juicio se canalizó para ser resuelto en el amparo 29340141 del Juzgado Tercero de Distrito.
La sentencia que sobreseyó el reclamo se dio el 20 de septiembre del año pasado, y el caso se mantiene activo en un recurso de revisión.
Un segundo juicio de garantías que tampoco fructificó fue el 29417255 en el Juzgado Séptimo de Distrito de la entidad, en el cual se reclamó un decreto del 10 de agosto pasado, que invalidó dos anteriores, pero que igualmente ordenó la reincorporación del suelo irregular de la mencionada zona habitacional.
La Colonia Luis Donaldo Colosio es colindante a la línea de costa en el lado sur del municipio de Solidaridad, cuyo terreno fue fraccionado originalmente en 258 manzanas del predio que en conjunto tenía un frente de mil 873 metros sobre la carretera Cancún-Tulum.
Según el Acuerdo de reincorporación al dominio pleno de la Nación del 16 de diciembre de 2021, hay un balance en el que DeRiMaya reportó movimientos en 2 mil 882 predios, de los cuales mil 162 se adjudicaron por compraventa, 807 son propiedad de la empresa, pero sin escriturar, y 913 tenían contratos activos.
Igualmente se reconocieron otros 178 predios irregulares sin contrato y 12 convenios de ocupación con el Instituto de Vivienda de Quintana Roo; es decir, de darse como buenos los anteriores movimientos todavía quedarían mil 928 lotes sobre los cuales procedería el proceso de reincorporación.
