- La persona titular de este nuevo instituto será designada y removida libremente por quien esté al frente del Poder Ejecutivo estatal.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno de Quintana Roo emitió el acuerdo de creación del Instituto de Economía Social y Solidaria del estado, que será el encargado de instrumentar políticas públicas de fomento y desarrollo del sector social para fortalecerlo y lograr que sea uno de los pilares en la entidad.
El acuerdo estipula que este Instituto será un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría del Bienestar de Quintana Roo, dotado con autonomía técnica, funcional y de gestión para el desarrollo de sus atribuciones, como participar, colaborar, capacitar, investigar, difundir y apoyar proyectos productivos del sector.
Entre sus atribuciones se encuentran impulsar proyectos que promuevan el financiamiento alternativo, solidario y la canalización de ahorros hacia el préstamo social, así como el fortalecimiento de las actividades productivas, sostenibles y sustentables del sector social.
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Formular y proponer a la Secretaría, las reglas de operación, lineamientos y demás normativas necesarias para la ejecución de los programas sociales; verificar el correcto ejercicio y aplicación de los recursos de los programas sociales.
Así como fomentar la difusión de organizaciones de mujeres y población en situación de vulnerabilidad y la promoción de bienes y servicios de esquemas de apoyos institucionales; promover la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas asociativas que integran el sector.
Promover actividades que impulsen la circulación económica entre los municipios en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública estatal; favorecer cadenas productivas de valor, locales y regionales.
Este Instituto tendrá su domicilio legal en Chetumal y podrá establecer oficinas y/o unidades administrativas que considere necesarias para el cumplimiento de sus objetivos en la entidad.
La persona titular de este Órgano será designada y removida libremente por quien esté al frente del Poder Ejecutivo estatal, y esto deberá de hacerse en máximo 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este acuerdo, y en 90 días la Dirección propondrá el reglamento interior y los manuales de organización.
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