Por KUKULKÁN
LA NUEVAS reglas de operación para el servicio de transporte público y privado en Quintana Roo ya quedaron afinadas entre las partes involucradas y autoridades estatales para poner fin al conflicto suscitado entre taxistas y conductores de la plataforma digital Uber que provocaron el escándalo mediático internacional, además de una avalancha de juicios de amparo y amenazaba ya con llevar la sangre al río. Hoy la gobernadora Mara Lezama Espinosa presentará ante la LVII Legislatura del Congreso la iniciativa de Ley de Movilidad estatal, conforme al resultado de acuerdos logrados durante las reuniones realizadas para tal efecto.
EL PUNTO medular de la iniciativa es que los usuarios cuenten con diferentes opciones de transporte por lo que se autoriza que el mismo sea tanto público como privado y que en ambos casos para operar se requerirán de los documentos que a efecto otorgue el Instituto de Movilidad, tal como en su momento lo ordenó la justicia federal al resolver juicios de amparo promovidos por conductores de Uber víctimas de violencia por parte de taxistas en pleno tránsito con turistas extranjeros a bordo. Se trata de una decisión salomónica, justa para ambas partes, que la pasada administración estatal no logró hilar en cuatro años ante la recalcitrante animadversión de los bandos.
LA CONDICIÓN de taxistas para que Uber pudiera operar en la entidad era contar con la misma concesión que a ellos se les exige por ley, lo que les fue concedido en la iniciativa, pero bajo la modalidad de permiso o autorización porque el servicio de transporte que presta Uber en particular no es de carácter público sino privado. La iniciativa va más allá y deja abierta la posibilidad para que el transporte público también pueda operar a través de plataformas digitales si así lo desean.
EL ARTÍCULO 5 de la iniciativa de Ley de Movilidad específica con claridad lo que debe entenderse por servicio privado de transporte: ‘Son todos aquellos servicios de naturaleza privada, comercial o mercantil, los cuales no necesitan de una concesión; requiriendo necesariamente un permiso por parte del Instituto para realizar sus actividades conforme a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento’.
TAMBIÉN se busca garantizar la protección de las y los usuarios, a través de medidas de seguridad en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, entre la cuales destacan la geolocalización en tiempo real; conocer con precisión los datos del vehículo y conductor; vehículos con botones de pánico, cámaras de video y grabación de voz conectados directamente con los sistemas de seguridad del estado. Asimismo, se establecen sanciones para los conductores de plataformas cuando incumplan y violen las disposiciones de la Ley, haciéndose acreedores a la suspensión, cancelación o revocación del Registro.
EL DOCUMENTO final incluye todas las voces pues fue consensuado entre los diversos sectores sociales y de transporte, luego de tres meses de reuniones de trabajo encabezadas por la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, el titular del Instituto de Movilidad, Rodrigo Alcázar, así como diputados locales y transportistas que comenzó desde el mes de enero y concluyeron esta segunda semana de abril. Después de fumar la pipa de paz en la mesa de negociaciones, tanto transportistas públicos como representantes de Uber se dijeron satisfechos con los acuerdos y agradecidos con el gobierno del estado por haberlos escuchado.
