Por KUKULKÁN
EN BUSCA de temas espinosos que le den notoriedad con rumbo a sus aspiraciones de convertirse en el próximo presidente municipal de Cozumel, el diputado Renán Sánchez Tajonar ha anunciado con bombo y platillo la iniciativa de reforma al Código Penal de Quintana Roo para tipificar y castigar severamente el delito de ‘halconeo’ con penas rigurosas, y para no meterse en conflictos con los medios de comunicación puso a salvo la actividad periodística al proponer expresamente que quienes se dedican a esta profesión en ningún caso serán imputables por este tipo de delitos, ‘siempre y cuando estas se realicen en el ejercicio de los derechos Ciudadanos de Libertad de Expresión y de Acceso a la Información, como parte de alguna investigación periodística o académica así como de cualquier otra actividad equiparable’.
PARA la foto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política acudió a la oficialía de partes del Congreso del Estado, en la capital Chetumal, a presentar el documento como una iniciativa del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, del cual Sánchez Tajonar también es dirigente en el estado. Y para las estadísticas internas de eficacia laboral, el legislador sumó la iniciativa de decreto número 24 en sus primeros seis meses de gestión, de las cuales hasta ahorita sólo una ha sido aprobada por el Pleno con dictamen positivo en un asunto sin mayor relevancia (declarar el 19 de marzo de cada año, ‘Día de las Personas Artesanas Quintanarroenses’), además de otras cinco que fueron atendidas por tratarse de obvia y urgente resolución, el resto están en estatus de turnadas.
EL ESPINOSO asunto del delito de ‘halconeo’ sirve al diputado Renan para envolverse en la bandera del combate al crimen con una iniciativa que no es más que la versión corregida y aumentada de la fallida reforma que el mismo Partido Verde impulsó en 2019 en el Congreso, pero que después de casi tres años de vigencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional porque violentaba la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información al criminalizar a los periodistas quienes frecuentemente recurren a estas técnicas de investigación. Además, el máximo tribunal del país determinó que el Poder Legislativo estatal invadió la esfera de competencias de la federación al pretender regular no sólo a instituciones de seguridad pública del estado sino también federales, nacionales y fuerzas armadas.
ANTE reporteros de la fuente que ya lo esperaban para escuchar la gran revelación, el diputado mostró preocupación sobre el riesgo latente de que el espionaje termine favoreciendo a los grupos de la delincuencia organizada que operan en la entidad, reportando de manera inmediata las actividades de Seguridad Pública realizadas al momento por las autoridades municipales, estatales y federales, para evadir una detención, obstaculizar una investigación o cometer un delito. ‘Queremos recuperar la paz en nuestro estado, para que los quintanarroenses vivan mejor y sigamos siendo una potencia turística a nivel mundial’.
