Por KUKULKÁN
UNA MANO negra de la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo se encargó de filtrar a medios nacionales el video sobre el tiroteo registrado en una cafetería Starbucks de Tulum el pasado 10 de abril, con el propósito de responsabilizar a la gobernador Mara Lezama Espinosa de la situación de inseguridad que padece el estado y deslindar así de la situación al ex gobernador Carlos Joaquín González, quien de esa manera también pretende ocultar el fracaso de su obra sexenal: el Complejo de Seguridad C5, para el cual se invirtieron casi 3 mil 500 millones de pesos en construcción, equipamiento y tecnología de punta en materia de investigación policiaca, que no han dado resultados porque el proyecto quedó a medias y falta personal capacitado para operarlo.
EL PRINCIPAL sospechoso de esa conspiración mediática es el fiscal Óscar Montes de Oca, quien le debe el cargo a Carlos Joaquín y es mal visto al interior del gabinete estatal y federal de seguridad por arrastrar señalamientos como principal operador del cártel del despojo que durante el sexenio pasado se apoderó ilegalmente de inmuebles de alto valor adquisitivo en destinos turísticos del estado, pretextando denuncias anónimas sobre la operación de presuntas narcotiendas que sirvieron de justificación ante el juez para ordenar el aseguramiento y posesión, hechos por los que existen juicios de amparo ante tribunales federales.
LA FILTRACIÓN no llegó sola, a partir de ahí comenzó una campaña mediática escandalizando las cifras de homicidios culposos y dolosos para atizar la percepción de inseguridad en el estado, presuntamente operada por Fernando Mora Guillén, ex vocero de Carlos Joaquín, a través de medios nacionales como el portal EMEEQUIS que fue el consentido de los convenios de publicidad en la pasada administración, esos sí pagados en su totalidad. El 22 de abril pasado, truqueando cifras, el medio deslindó al ex gobernador y actual embajador de México en Canadá de la situación de inseguridad que sembró su jefe policiaco Alberto Capella.
EL ENCABEZADO de la nota fue: ‘Quintana Roo, el Caribe violento con el gobierno de Mara Lezama’ y cita: El primer trimestre de 2023 con Mara Lezama se presentaron 405 homicidios dolosos y culposos, un repunte de 19.8% si se compara con el mismo periodo del 2022, cuando todavía gobernaba Carlos Joaquín González. La trampa estuvo en mezclar los homicidios dolosos con los culposos, los primeros generalmente considerados como ejecuciones y los segundos como accidentes. Ya en el desglose, la comparativa prácticamente sale tablas tan sólo si se recuerdan los episodios de ejecuciones de la pasada administración, entre bandas de narcomenudistas que ingresaron a las instalaciones de hoteles de la Riviera Maya para ejecutar a sus víctimas. En total impunidad, llegaron en motos acuáticas e igualmente escaparon.
LA PRUEBA de cariño entre el ex vocero y el portal de noticia, son una serie de contratos de publicidad de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Quintana Roo, celebrados entre el ‘Maestro’ Fernando Mora Guillén y la moral ‘Fomento Empresarial Ealy Cárdenas S.A. de C.V. El último de ellos, con el número 027-CGC-2022, por la cantidad de 2 millones 400 mil pesos fue liquidado antes de concluir la gestión de Carlos Joaquín, en medio de una escandalosa deuda oculta con proveedores de diferentes giros, entre ellos medios de comunicación, por casi 7 mil millones de pesos heredados a la actual administración.
AHORA Mora Guillén (un vendedor de espejitos cuya labor es pastorear a periodistas nacionales de la vieja guardia, algunos ya en silla de ruedas o tanques de oxígeno, para vender sus servicios a gobiernos estatales) trata de defender a su jefe quien desde las gélidas tierras de Ottawa sueña en convertirse en candidato a senador en el proceso de 2024, al menos eso se cree pactó al entregar el estado a los designios del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo único que va a ocasionar el ex vocero es destapar la corrupción que imperó con su jefe Carlos Joaquín, y particularmente su primogénito Carlos Joaquín Rejón encargado de cobrar los ‘diezmos’ en las licitaciones públicas, en colusión con William Conrado Alarcón, ex titular de la Secretaría de Obras. Y eso nada más es la puntita del iceberg.
