- Finalmente salió la nueva Ley de Movilidad que garantiza el transporte privado vía aplicaciones digitales.
MARCO ANTONIO BARRERA
CHETUMAL, Q. ROO.- A tres meses de que un Tribunal Federal resolvió que las empresas de transporte privado que funcionan con aplicaciones digitales no requieren tener una concesión de servicio público en Quintana Roo, se promulgaron las modificaciones legales que regulan su operación y se garantizan otras alternativas de movilidad.
El proceso jurídico que actualizó la Ley de Movilidad estatal concluyó con la aprobación unánime de diputados en la sesión ordinaria número 22 de la XVII Legislatura, y su promulgación al ser publicada en el Decreto 041 en el Periódico Oficial del Estado.
Los cambios al ordenamiento no sólo regularizan y dictan las reglas que deberán cumplir las llamadas Empresas de Redes de Transporte (ERT), respecto a su operación en el servicio de pasajeros sino también a la entrega o reparto de alimentos, mercancías y mensajería.
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Igualmente, dicta los requisitos y reglas de operación para los motocarros o mototaxis, y en otras actividades como son la renta de vehículos y transportación turística que ofrecen los particulares, y los servicios de emergencia operados a través de ambulancias terrestres, marítimas y aéreas.
Los cambios normativos reforman 52 fracciones y 6 párrafos de 15 artículos, adicionan 16 fracciones de 10 artículos y crean otros 7 artículos, además que derogan tres fracciones y un párrafo de tres artículos de la Ley de Movilidad
En todo este proceso jurídico participaron legisladores, autoridades del Instituto de Movilidad (Imoveqroo) y los representantes de las plataformas tecnológicas y taxistas, que al final se pudieron de acuerdo poner un “piso parejo” a las diversas modalidades de transporte.
“Nuevamente, reconozco la total disposición de las y los diputados de la H. XVII Legislatura constitucional del Congreso del Estado de Quintana Roo, quienes han apostado por favorecer la competitividad, calidad y salvaguardar la integridad de las y los usuarios de los servicios públicos y privados de transporte en Quintana Roo.
“Así se materializa el Nuevo Acuerdo, atendiendo demandas ciudadanas añejas, olvidadas por años y dando espacio al desarrollo con justicia y bienestar para tod@s”, fue lo que expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa a través de redes sociales.
Con las citadas modificaciones se cumplieron los términos de la sentencia decretada en el amparo en revisión 334/2019 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito el 20 de enero pasado, consideró en entrevista el presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado, José María Chacón Chablé.
De acuerdo a las nuevas reglas, la operación de las ERT se autorizará con un permiso, que será igualmente necesario para los mototaxis y el servicio privado de vehículos de renta, transporte de personal, escolar, turístico, ambulancia, repartición y diligencias y mercantil de transporte.
Al servicio de transporte privado por aplicación digital se les impuso la obligación de colocar en los vehículos equipos de localización satelital con reportes en tiempo real, video cámaras de vigilancia interna y el establecimiento de botones de pánico para ofrecer condiciones de seguridad a los usuarios.
Las empresas operadoras de ese mismo servicio deberán entregar al Imoveqroo un listado que contenga los datos de cada vehículo con el nombre del propietario, mantener un rótulo de identificación vehicular y contar con una póliza de seguro de cobertura amplia a favor del pasajero y contra daños a terceros, de cuyo cumplimiento será responsable solidario.
Las empresas que operen el servicio deberán aportar al estado de Quintana Roo el 1.5 por ciento del total cobrado en cada viaje, cuyo monto se repartirá de la siguiente manera: 1 por ciento se irá al Instituto de Movilidad y el 0.5 por ciento a la integración de un Fondo de Movilidad.
El Fondo de Movilidad del estado que deberá ser creado tiene como objetivo captar, administrar y aportar recursos para contribuir a mejorar las condiciones de la infraestructura, seguridad y de ordenamiento vial, además de implementar acciones para crear ciertos hábitos y conductas en materia de movilidad.
Los conductores de la aplicación digital tendrán que ser mayores de edad, no consumir sustancias psicotrópicas o estupefacientes, y contar con licencia de conducir vigente.
Como parte de los cambios, se crea igualmente la figura de una declaratoria de sostenibilidad con enfoque de cuidado al medio ambiente, como uno de los requisitos que se pide a diversos particulares para solicitar los permisos respectivos.
En el ordenamiento se establece que la supervisión de los servicios de transporte público o privado estarán a cargo del Imoveqroo y cuando ese organismo lo requiera contará con el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública, para hacer cumplir las disposiciones legales.
Otras responsabilidades impuestas a la autoridad responsable serán integrar el Registro Estatal de Operadores de Taxi, incorporar nuevas tecnologías para trámites, servicios, comunicaciones, procedimientos administrativos y realizar los estudios necesarios.
