Detectan auditorías desvíos municipales

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Detectan auditorías desvíos municipales
  • El más grande se detectó en Solidaridad, bajo el gobierno de Laura Beristain; son auditorías de la Cuenta Pública de 2021, en 5 demarcaciones.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó quebrantos económicos por casi 460 millones de pesos (mdp) en el gasto federalizado de cinco municipios de Quintana Roo en el ejercicio fiscal 2021.

El Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública establece que los montos faltantes se comprobaron en Solidaridad con 326.6 mdp, Tulum con 115 mdp, Bacalar con 8.5 mdp, Lázaro Cárdenas con 8.4 mdp y Puerto Morelos con 7.7 mdp.

Los recursos federales pendientes de comprobar corresponden a la transferencia justificada del Ramo General 28 denominado “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios”.

En las auditorías de cumplimiento de los cinco municipios se generaron, además, dictámenes con cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, cinco observaciones, dos recomendaciones y una aclaración.

En Solidaridad, donde gobernó Laura Beristain Navarrete hasta septiembre de 2021, la Auditoría de Cumplimiento 2021-D-23008-19-1574-2022 no pudo comprobar el destino de 326 millones 667 mil 875 utilizados en la ejecución de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios.

En el dictamen de auditoría se anota que la aplicación del gasto no sólo dejó de cumplir la normativa, sino que dejó de cumplir con una gestión eficiente y transparente, sin dar por terminados objetivos y metas.

En Tulum se practicó la auditoría 2021-D-23009-19-1575-2022, de la cual se desprendió que el monto pendiente de aclaración es de 115 millones 553 mil 900 pesos, de enero a septiembre de 2021, cuando gobernó el exalcalde Víctor Mas Tah.

El órgano fiscalizador evitó dar una opinión de la revisión, “toda vez que el municipio de Tulum, Quintana Roo, no proporcionó la información requerida para efectuar esta auditoría, lo cual se sustenta en la orden de auditoría y el acta administrativa circunstanciada de auditoría”.

La ASF generó una recomendación, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.

En Bacalar donde gobernó Alexander Zetina Aguiluz, el faltante reportado es de 8 millones 518 mil 700 pesos como resultado de la Auditoría de Cumplimiento 2021-D-23010-19-1560-2022 focalizada en la gestión y ejecución de los recursos correspondientes a los capítulos “2000”, “3000” y “5000”.

La revisión se aplicó a los rubros relacionados con Materiales y suministros, Servicios generales y Bienes muebles, inmuebles e intangibles, de la cual se emitió una recomendación y dos pliegos de observaciones.

En el dictamen se asentó que se infringió la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

En la revisión 2021-D-23007-19-1569-2022 practicada igualmente al municipio de Lázaro Cárdenas donde gobernó Nivardo Mena, se generó un posible daño de 8 millones 484 mil 772 pesos, en Materiales y suministros y Servicios generales.

Los resultados de la fiscalización arrojaron que faltó documentación para justificar y comprobar el destino de los recursos federales, con lo cual se originó una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y 2 pliegos de observaciones.

En Puerto Morelos igualmente se practicó la auditoría 2021-D-23011-19-1572-2022 por la ejecución de recursos federales en el último tramo de gobierno de la exalcaldesa Laura Fernández Piña, quien actualmente es diputada federal.

La revisión se practicó sobre una muestra de 95 millones 876 mil 300 pesos destinados al Capítulo “1000” de servicios personales, de la cual se encontró un probable daño patrimonial por 7 millones 742 mil 200 pesos.

En el dictamen se determinó que en el manejo de los recursos federales se infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, lo que derivó en la promoción de una acción de responsabilidad.

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