- Funcionarios del municipio de Othón P. Blanco enfrentan multas económicas que en conjunto suman casi 400 mil pesos.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Funcionarios del municipio de Othón P. Blanco enfrentan multas económicas que en conjunto suman casi 400 mil pesos, al incurrir en desacato de sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (TSJQROO).
Las autoridades sancionadas en la capital del estado son la presidenta municipal Yensunni Idalia Martínez, la síndica municipal Alejandra del Ángel Carmona, el director de Obras Públicas Jorge Domínguez, y el director de Vía Pública Miguel Zogby Cheluja.
Los servidores públicos de la comuna donde se asienta la capital del estado pretendieron sin éxito evitar la ejecución de los procedimientos fiscales con juicios de amparo, pero se les negó la protección constitucional, aunque hay litigios que se debaten en una segunda instancia.
La pena más cuantiosa se impuso al titular de Obras Públicas por 330 mil 005 pesos como parte de un acuerdo dictado en el expediente administrativo 103/2019-SU1-1 de la Primera Sala Unitaria, el cual fue decretado el 25 de noviembre de 2021.
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El funcionario tramitó el amparo 32462285 que se radicó en el Juzgado Primero de Distrito el 2 diciembre de 2021, con la pretensión de obtener medidas cautelares contra la resolución dictada en un caso promovido por la particular Rosa Carmina Lizama.
La sentencia sobreseyó el reclamo el 30 de septiembre de 2022, aunque el asunto todavía se debate en una revisión en el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
Por ese mismo asunto, la sanción alcanzó también a la alcaldesa Yensunni Idalia Martínez a quien un magistrado del órgano administrativo le requirió, como superior jerárquico del director de Obras Públicas, el cumplimiento de la orden judicial que se negó a obedecer su subalterno.
La omisión de cumplir con una resolución derivó en que se le impusiera una pena económica de 28 mil 666 pesos, equivalente a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La presidenta municipal igualmente inconforme tramitó el amparo 30632222 que recayó para su análisis en el mismo Juzgado Primero de Distrito el 15 de agosto de 2022, pero le fue contraria la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región de Xalapa, Veracruz, del 15 de agosto de 2022.
Otra penalización se decretó contra el director de Fiscalización, Inspección de Horarios y Comercio en la Vía Pública por la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, como parte del juicio 44&2019-SU1-1 promovido por la empresa Camapasa del Sureste, S.A. de C.V.
El empleado gubernamental trató igualmente de eludir la sanción de 28 mil 866 pesos, equivalente a 300 veces la UMA, que se justificó judicialmente porque “la autoridad sentenciada es omisa en dar cabal cumplimiento a definitiva dictada por este juzgado”.
En la sentencia adversa al quejoso dictada en el amparo 29673237 del Juzgado Primero de Distrito (presentado el 10 de marzo pasado), se supo que aun cuando se le ordenó no devolvió una multa impuesta a la moral junto con los gastos de ejecución, como se había dictado en el juicio administrativo.
Una cuarta multa por 10 mil 374 pesos, equivalente a 100 veces el valor de la UMA, la hizo efectiva el TSJQROO contra el titular de la Sindicatura Municipal en Othón P. Blanco, el 23 de junio de 2022.
“Tal como en su oportunidad se le apercibió, ya que con su conducta contumaz retarda y entorpece la administración de justicia y propicia retrasos en el cabal cumplimiento del fallo protector en el presente asunto. Al respecto, gírese al administrador Desconcentrado de Recaudación de Quintana Roo ‘2’, con sede en Cancún, a fin de que por sus conductos legales, canalice y proceda al cobro de la multa precisada”.
El caso tiene que ver por una sanción ejecutada por el Municipio por 96 mil 220 pesos, por la cual la parte quejosa obtuvo la protección constitucional en el juicio 24567719 radicado en el Juzgado Primero de Distrito.
En las sentencias adversas dictadas contra los funcionarios públicos citaron que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia 2a./J.103/2014, determinó que la multa constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate.
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Y en Isla Mujeres igualmente enfrentan sanciones económicas el director general de Seguridad Pública, Lourdes Espín, y los directores de Tránsito Municipal, Luis Arturo Andrade, y Recursos Humanos, Silvia Cristina Badillo, quienes son representados legalmente por el síndico municipal José Manuel López García, además del Tesorero Eder Jalil Hoth que tramitó el amparo a título personal.
El primer caso tiene que ver con un acuerdo del expediente 33/2019-SU4-1 de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Administrativo local, que falló a favor del quejoso Eduardo Lázaro de la Cruz.
El promovente ganó un juicio contra los titulares de Seguridad Pública, Tránsito y Recursos Humanos y ante el incumplimiento del fallo protector se ordenó la sanción monetaria, el 23 de marzo del presente año.
Los funcionarios señalados interpusieron un amparo, representados por el síndico municipal que se radicó bajo el número 32462284 el 18 de abril del presente año, y del cual se concedió una suspensión provisional pero previo pago de una garantía económica de 103 mil 740 pesos, el de mayo pasado.
Como parte del mismo expediente administrativo, la misma protección constitucional se impuso al tesorero municipal, pero con la misma garantía monetaria, como parte del juicio de garantías 32462285 presentado el 18 de abril de 2023.
