- Indígenas y migrantes que habitan en comunidades aledañas a Calica se hicieron visibles para exigir el cierre definitivo de las instalaciones.
MARCO ANTONIO BARRERA
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Indígenas y migrantes que habitan en comunidades aledañas a Calica se hicieron visibles para exigir el cierre definitivo de las instalaciones extractivas.
Acusaron a la empresa filial de la estadounidense Vulcan Materials, de provocar un daño ambiental y afectaciones a la salud de niños y adultos mayores.
A la compañía, que enfrenta una clausura total temporal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la responsabilizaron de contaminar el aire y agua.
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Igualmente, de degradar el suelo, la pérdida de la biodiversidad, la liberación de polvos contaminantes y la disminución de la disponibilidad del agua potable.
Con la extracción de roca caliza que sirve para construir carreteras en los Estados Unidos, señalaron, se violentó el derecho de las comunidades a un medio ambiente sano.
“La empresa ha ignorado nuestras preocupaciones y demandas, además nos intimida por protestar pacíficamente”.
Los vecinos de la comunidad Las Torres de la Paz acudieron al acceso de las plantas extractivas en la compañía en la carretera federal 307, que su ubica cerca del puerto de Punta Venado en el municipio de Solidaridad.
Con mantas y consignas rebatieron lo dicho recientemente por los voceros de la estadounidense Vulcan, de que no existen comunidades cercanas a las minas.
Citaron que hay 17 comunidades aledañas a Calica, como Las Torres de la Paz (que se divide en cuatro secciones) ubicada a 900 metros de la planta extractiva, e igualmente hay otras repartidas en un radio de hasta 10 kilómetros.
Los indígenas y migrantes recordaron que interpusieron un par de juicios de acciones colectivas validadas por 300 firmas de las personas afectados, para que se les reconozca su derecho a un medio ambiente sano.
En los casos legales se pretende que Calica sea condenada a emprender acciones de reparación de daños y se ordene su cierre definitivo.
Al aclarar que la demanda no busca obtener por dinero ni apoyos económicos, insistieron que solicitan medidas sustitutas para que se respeten derechos humanos y el derecho a un futuro digno y saludable.
Los casos legales están radicados en los juzgados Octavo y Noveno de Distrito de Quintana Roo, mismos que ya fueron admitidos a trámite, y cuentan con el reporte ambiental oficial de 900 cuartillas.
Los quejosos estuvieron acompañados en su protesta por el ambientalista Raúl Benet y el representante del Movimiento Maya Peninsular, Quetzal Tzab.
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