- Más de 300 personas de algunas zonas aledañas se enfrentan a Calica. Advierten que no van a claudicar en su batalla legal.
MARCO ANTONIO BARRERA
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Las comunidades indígenas y de migrantes que tienen emplazada legalmente a la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), reconocieron que se enfrentan a un “monstruo”, pero adelantaron que no claudicarán: “aquí estamos, aquí vivimos y aquí vamos a seguir”.
Son poco más de 300 personas que desde el año pasado pidieron a un par de jueces federales el cierre definitivo de la actividad extractiva y se condene a la minera a realizar medidas compensatorias por los daños ambientales provocados en las últimas tres décadas.
La lucha legal está encabezada por vecinos de la comunidad “Torres de la Paz”, que es la más cercana a las instalaciones clausuradas temporalmente de la minera, la cual cambió recientemente su nombre comercial a Sac-Tun, ubicada en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
Los quejosos aseguran ser la voz de al menos 17 mil 200 habitantes repartidos en 17 comunidades aledañas que de una forma u otra han sido afectadas, como Vida y esperanza, Santa Cecilia, Nuevo Novek y Ek Balam, ubicadas en un radio a la mina a cielo abierto de mil 500 metros hasta 15 kilómetros.
La acusación contra Calica es por provocar impactos ambientales, a la selva, al agua y a la salud, pero los demandantes comparten también las mismas condiciones de vida, como son falta de la certeza jurídica de la tierra que habitan y la carencia de infraestructura urbana, como caminos de acceso, abastecimiento de agua potable, suministro de electricidad y dotación de servicios públicos.
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La minera acusada es propiedad de la estadounidense “Vulcan Materials” (se localiza a menos de un kilómetro en línea recta del Mar Caribe) donde se ha utilizado material explosivo para extraer material pétreo a más de 10 metros de profundidad.
Los inconformes aseguran saberlo porque el agua expuesta es azul turquesa, lo cual fue avalado por dictámenes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, lo cual sirvió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para imponer una clausura total temporal en mayo de 2022.
El dictamen reveló que con la actividad minera se rompieron cauces freáticos y se mezclaron corrientes de agua dulce con salada, lo cual expuso el vital líquido a contaminación con el riesgo a la salud por consumo humano.
Las pretensiones legales de restitución de medidas compensatorias radican en dos juicios civiles administrativos en los juzgados Octavo (caso 31079219) y Noveno (31181920) de Distrito de Quintana Roo, el primero lo encabeza como representante común el líder del Movimiento Maya Peninsular, Quetzal Tzab, y el otro el particular Enrique Burto.
Las demandas están ingresadas con alrededor de 80 firmas de apoyo de vecinos, pero están respaldadas por otras de 300 vecinos que se han ido sumando a la acción colectiva, cuya figura es un recurso legal con el que se defiende un mismo interés que afecta a un grupo de personas.
La pretensión de los quejosos ha ido a contracorriente. En el Juzgado Octavo fue rechazada porque supuestamente el representante del Movimiento Maya Peninsular indígena “no los representaba” y por la firma en una identificación de los indígenas que reportó su domicilio en el estado de Chiapas.
“A pesar de que tiene 7 hijos, todos chiquitos y que todos toman agua de aquí, pero no tenían derechos porque su credencial de elector no es de aquí”, comentó a Luces del Siglo el ambientalista Raúl Benet.
Al final, los quejosos lograron por el fallo de un tribunal de apelación que la demanda tenía razón de ser y fuera admitida a trámite, según un fallo del 13 de diciembre de 2022. Lo mismo pasó con el segundo procedimiento judicial al dictarse sentencia el 18 de enero pasado.
“Esa es una de las ventajas de acciones colectivas, que no tienen que decir quién es el afectado si no se está dañando a la sociedad, y recurrimos a un tribunal de apelación donde nos dieron la razón. El Juez Octavo tuvo que volver a revisar y reconoció que la acción sí tenía sentido”.
Calica, por el contrario, calificó la demanda como “temeraria, sin fundamento y que no tenía representación común y pudimos demostrar de que sí hay una comunidad o varias comunidades, sí tienen una representación formalmente constituida y el caso regresó a juicio”.
La táctica legal de la empresa fue dar largas al juicio. Primero, explicó, se negó a ser notificada al argumentar que estaba clausurada y carece de domicilio.
“Lo cual fue falso porque desde ese mismo domicilio es donde actúan legalmente, lo que quedó judicialmente demostrado y nuevamente el juez dio la razón a los vecinos”.
La demanda se sustenta en un daño ambiental que motivó la clausura total temporal de las instalaciones extractivas, a pesar de que la empresa lo ha negado.
El argumento de la empresa fue nuevamente desvirtuado con la entrega de la Profepa de un expediente administrativo de 900 cuartillas, con lo cual nuevamente se dio la razón a los promoventes.
El caso comenzó su análisis jurídico y se procederá a certificar la demanda; es decir, que una vez cubiertos los requisitos básicos de forma se pasará al estudio de fondo.
Como parte del proceso se analizarán los derechos vulnerados de que se duelen los promoventes, como vivir en un ambiente sano, el derecho superior a la niñez y a favor de las comunidades indígenas.
El objetivo de los afectados es que la empresa cierre definitivamente, sean cancelados sus permisos y se ordene un resarcimiento del daño ocasionado.
“No se está pidiendo dinero para la gente, ni para nadie, no es una demanda por dinero, es una demanda que la empresa cumpla y que haga un resarcimiento, una reposición a las comunidades que han sufrido”.
