- La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha evadido la responsabilidad de facilitar agentes policiales para apoyar en el desalojo de un predio.
IVÁN SOSA / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- A lo largo de 12 años, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha evadido la responsabilidad de facilitar agentes policiales para apoyar en el desalojo de un predio de 9 mil 900 metros cuadrados ubicado en Rojo Gómez 1320, en la Alcaldía Iztapalapa.
Desde la invasión del terreno, ocurrida el 9 de mayo de 2011, la empresa Rialva, que ha acreditado la propiedad del inmueble con escrituras y el pago del impuesto predial, ha obtenido por lo menos 11 órdenes judiciales de desalojo, los cuales no han sido atendidos por la SSC.
El más reciente de estos mandatos se ejecutaría ayer… pero, la corporación sólo envió a seis elementos a bordo de un vehículo oficial para desalojar a los 200 ocupantes. Sin la presencia de la fuerza pública necesaria, los actuarios del Juzgado Cuarto de lo Civil determinaron que no había condiciones para proceder a la desocupación.
“Se remitió oficio a la Secretaría de Seguridad Pública, solicitando el apoyo necesario, solicitando 300 elementos, de los cuales 100 (sean) del agrupamiento femenil, para apoyo de mujeres y niños”, indica un oficio firmado por la jueza del Juzgado Cuarto de lo Civil, fechado el 5 de mayo pasado.
La SSC había acordado la fecha de desalojo con el juzgado, luego de que en marzo pasado ningún elemento de la corporación fue enviado para ejecutar la orden de lanzamiento número 10, bajo el argumento de que no contaba con disponibilidad de personal.
“Esta vez el juzgado le preguntó a la SSC: ‘en qué fecha y hora pueden darnos el apoyo de los elementos solicitados, dinos qué día y a qué hora pueden presentarse los elementos'”, comentó el representante de Rialva, Luis Elizondo.
A lo largo de estos 12 años, el predio ha ido siendo fraccionado y comercializado. Actualmente, alberga 127 viviendas, que cuentan con servicios de agua, drenaje y electricidad, pese a la irregularidad con la que fueron construidas.
En 2013, el Movimiento Antorchista asumió la representación del grupo invasor.
“Es un grupo organizado, son intereses políticos”, cuestionó Elizondo.
De las 11 órdenes judiciales de desocupación, tres han sido liberadas por procesos penales y ocho por juicios civiles; sin embargo, ni el Gobierno de la Ciudad ni la SSC han intervenido para que se lleve a cabo la devolución del predio.
“Se desacata porque no hay voluntad política de restituir el bien”, subrayó Elizondo.
El 16 de febrero de 2019, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que habría una negociación de la Secretaría de Gobierno con el grupo invasor, sin embargo, no se reportó ningún resultado de ello.
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