- Una jueza federal resolvió que los libros de texto gratuitos de primaria para el ciclo 2023-2024 tendrán que ser los que pasen por todos los procesos de Ley general.
VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza federal resolvió que los libros de texto gratuitos de primaria para el ciclo 2023-2024 tendrán que ser los que pasen por todos los procesos previstos en la Ley General de Educación (LGE).
Yadira Medina Alcántara, jueza tercera de distrito en Materia Administrativa, concedió la suspensión definitiva en un amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) para impugnar los nuevos libros de texto para primero a cuarto de primaria.
La jueza no prohibió a la Secretaria de Educación Pública (SEP) imprimir estos libros, pero condicionó a que previamente se hubieran seguido una serie de requisitos legales que, probablemente, no podrán llenarse a tiempo para el inicio de clases en agosto, lo que obligaría a mantener los libros de texto anteriores.
- México nos robó empleos.- Vance
- Joe Biden tiene Covid-19
- Republicanos hacen negocio tras atentado a Donald Trump
Entre ellos establecer los planes y programas de estudio y considerar la opinión de Gobiernos estatales y actores sociales para actualizar el contenido de los libros.
“De no haberse observado las reglas en comento para la aprobación de planes, programas y libros de texto gratuitos, se suspenda la impresión y entrega de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, y se abstengan de continuar con su edición e impresión, hasta en tanto se haya observado el procedimiento respectivo previsto en la ley para la determinación de dichos planes, programas y libros”, ordenó Medina.
“Esta suspensión no suspende ni debe impedir la edición y entrega oportuna de los libros de texto para el periodo 2023-2024 que sean acordes con los programas y planes de estudio que hayan cumplido con las garantías reforzadas de intervención de Gobiernos estatales y de la ciudadanía”, aclaró.
La SEP puede impugnar la suspensión ante un tribunal colegiado, pero ese recurso tomará por lo menos uno a tres meses para ser resuelto, lo que hace aún más estrechos los tiempos para tener listos nuevos libros.
El eventual desacato a la suspensión –que se tiene que cumplir aun si es impugnada– es un delito federal que se castiga con tres a nueve años de cárcel para los funcionarios responsables, pero es la FGR la que decide si se presenta una acusación.
“El procedimiento para la impresión de los libros de texto para la educación básica para el ciclo escolar 2023-2024, debe apegarse y cumplimentarse con cada una de las etapas que la ley prevé para tal efecto, pues solo de esta manera se garantiza su contenido pedagógico acorde con el interés superior de la infancia, así como con los objetivos democráticos y de formación académica.
“De ahí la necesidad de interacción con ciudadanos especializados y Gobiernos estatales”, afirmó la jueza.
Te puede interesar: Cierran extorsiones a empresas del País, denuncia Coparmex
