Por KUKULKÁN
EN EL ÚLTIMO tramo de la administración de Óscar Montes de Oca y Rubén Oyarvide Pedrero arreciaron los delitos en contra de mujeres en Quintana Roo; entre enero y mayo fueron asesinadas 126 mujeres. De ellas, ocho fueron víctimas de feminicidio, 28 de homicidio culposo y 90 de homicidio doloso, de acuerdo con el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Con estas cifras, la entidad se mantiene entre las más peligrosas del país para las mujeres, pues también fueron violadas 329, víctimas de trata sumaron 42 y se registraron 31 casos de corrupción de menores del sexo femenino.
DESDE pasadas administraciones el estado ha figurado históricamente en los primeros lugares en violencia contra mujeres, en dos de ellos tiene medalla de oro. Durante los cinco primeros meses de 2023 se registraron ocho feminicidios a pesar del agravamiento de las leyes que castigan los crímenes de odio contra mujeres. También ocupa el décimo cuarto lugar nacional por número de agresiones de este tipo. Sin embargo, cuando el dato se correlaciona por cada 100 mil mujeres, la entidad sube al séptimo sitio, con una tasa de 0.77.
POR tratarse del más poblado y recibir el mayor movimiento de turistas, el municipio de Benito Juárez ocupó el lugar 12 entre los 344 municipios de todo el país donde se cometieron feminicidios durante este periodo. En lo que va del año suman cuatro víctimas. En esta demarcación existe una población de 446 mil 285 mujeres y la tasa de feminicidios por cada 100 mil es del 0.90. En la lista de municipios donde persiste la violencia contra mujeres también figuran Solidaridad en el lugar 62, con dos feminicidios en una población de 121 mil 907 mujeres, que arroja una tasa del 1.64.
A LA cuenta de los encargados de la seguridad pública y la prevención del delito, también se sumó su evidente incapacidad para hacer frente a la ola de ejecuciones que a diario siguen ocurriendo en diferentes puntos del estado, así como su ineficiencia para actuar oportunamente como ocurrió en los hechos de robo, levantón o intento de secuestro en contra el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, Sergio Avilés Demeneghi, que fue escándalo nacional y viral en redes sociales. Esa fue la gota que derramó el vaso en la actuación tanto del fiscal como del secretario de Seguridad Pública.
PARA atender la incidencia delictiva la gobernadora Mara Lezama Espinosa ha puesto en práctica el sistema de seguridad pública ciudadana con la creación de todo un marco legal para que en la entidad existan cuatro tipos de policías que realizarán funciones especializadas encauzadas a combatir eficazmente los delitos, recobrar la confianza ciudadana y recomponer el tejido social. Cumplir con esta misión ahora es responsabilidad del nuevo fiscal Raciel López Salazar, así como del secretario de Seguridad Pública Julio Cesar Gómez Torres.
APENAS hoy la Comisión Permanente del Congreso del estado recibió la terna de los precandidatos a encabezar la Fiscalía General de Justicia para cubrir el periodo que al renunciar dejó vacante Montes de Oca, hasta 2027. La designación del fiscal debe seguir el protocolo de ley, pero en este caso sólo será cuestión de trámite para que los diputados de la XVII Legislatura confirmen al interino Raciel López quien llegó a Quintana Roo hace más de un año como delegado de la Fiscalía General de la República.
