- La FGE de Quintana Roo puso fin a la pugna entre empresas privadas por el uso de la terminal marítima de Punta Venado.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo puso fin a la pugna entre empresas privadas por el uso de la terminal marítima de Punta Venado, al resolver no ejercitar acción penal contra Calizas Industriales del Carmen (Calica) y Rancho Piedra Caliza (Rapica).
A las filiales de la trasnacional Vulcan Materials Company se les acusó de impedir a Cemex el utilizar las instalaciones portuarias para la descarga de cemento que se utiliza en la construcción del Tren Maya, con lo que presuntamente incurrió en el delito de desobediencia o resistencia a un mandato judicial durante.
La determinación fue decretada en la carpeta de investigación FGE/QROO/SOL/01/482/2023 interpuesta contra las empresas extractivas de roca caliza luego del acceso policiaco a las instalaciones concesionadas el 14 de marzo pasado.
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Como parte de las resoluciones judiciales, a las empresas acusadas se les impuso una serie de medidas cautelares por los mismos hechos, el 21 de marzo, ante las cuales iniciaron una pelea legal a la justicia federal con un par de amparos.
Las quejosas reclamaron la protección federal contra un supuesto embargo o confiscación de sus instalaciones, que permanecen clausuradas de manera temporal por ocasionar un daño ambiental.
Con la denuncia civil de Cemex se decretaron medidas de protección a su favor para poder seguir utilizando Punta Venado, mismas que quedaron sin efecto el 16 de junio pasado.
Como parte del caso, la empresa demandó su derecho de utilizar las citadas instalaciones como lo venía haciendo desde hace un par de décadas, pero que se le impidió por una supuesta la falta de renovación de un contrato a finales de 2022, lo que originó el litigio civil y después la denuncia ante la Fiscalía.
Las compañías acusadas interpusieron el juicio de amparo al que recayó el número de expediente 32462826 del Juzgado Noveno de Distrito de Quintana Roo, el 18 de marzo del presente año.
En el juicio se solicitaron medidas cautelares contra una supuesta ampliación y/o prórroga de las mencionadas medidas de protección que le fueron notificadas con los oficios FGE/QROO/DRMPRM/UDR/03/1441/2023 y FGE/QROO/DRMPRM/UDR/03/1444/2023.
Igualmente, contra la irrupción policiaca de Punta Venado, un presunto aseguramiento, embargo y/o confiscación de las mismas instalaciones y supuestos actos de violencia contra los empleados y colaboradores.
Del análisis del caso, el juez federal constató la existencia de carpetas de investigación por el presunto delito de desobediencia o resistencia a un mandato judicial, y la imposición de las medidas de protección.
En la sentencia se determinó dejar sin efectos la celebración de la audiencia constitucional programada para el 26 de junio de 2023, debido que correspondía resolver el caso al Juzgado Segundo de Distrito donde se radicó un segundo amparo con número de expediente 32835078.
Y el segundo fallo fue de sobreseimiento al confirmarse que medidas de protección fenecieron el 21 de abril, y en la citada carpeta de investigación se decretó el no ejercicio de la acción penal.
Al cesar las causas que originaron el amparo concluyó el juicio de garantías, el 30 de junio pasado, además que la persona apoderada legal de ambas empresas manifestó su deseo de desistir.
