- Inconsistencias sobre el destino de recursos federales generaron 566 observaciones en Quintana Roo entre 2016 y 2021
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- La fiscalización de los recursos federales ejercidos ha dejado un registro de 566 observaciones sobre el gasto realizado en Quintana Roo de 2016 a 2021, de las cuales en la mitad de los casos se implementaron procedimientos de responsabilidades administrativas sancionatorias (PRAS).
Las revisiones sobre el destino de las participaciones federales se hicieron en el último año fiscal de la gestión de Roberto Borge y en casi toda la siguiente encabezada por Carlos Joaquín.
En los procedimientos se resolvieron 238 casos por PRAS, 158 Pliegos de Observaciones (PO), 136 Recomendaciones (R) y 24 Solicitudes de Aclaración (SA), que en su conjunto sumaron 184 en 2016, 156 en 2017, 86 en 2018, 15 en 2019, 39 en 2020 y 76 en el ejercicio fiscal 2021.
En el “Informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas” por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con corte al 31 de marzo del presente año, se establece que las inconsistencias sobre el destino de los recursos federales se observaron en 17 entidades estatales.
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Los observados fueron el gobierno del estado con 396, el Congreso estatal con 3, y los municipios de Othón P. Blanco con 51, Felipe Carrillo Puerto con 15, Benito Juárez con 13, Cozumel con 9, Bacalar y Lázaro Cárdenas con 8, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum con 6 cada uno, y José María Morelos con 4.
Igualmente aparecen los colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana Roo con 12 y de Bachilleres del estado con 9, y el Poder Judicial con 2, los Servicios Estatales de Salud con 6, y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social con 2.
Entre los resultados de las citadas revisiones hubo acciones para revisar el destino de las participaciones que se realizaron por mandato judicial o por denuncias de hechos antes presuntas irregularidades detectadas durante las auditorías.
Sobre los mecanismos de recuperación implementados por el ente fiscalizador de la Cuenta Pública fueron sobre un monto impactado de mil 540 millones de pesos (mdp) y por acciones resarcitorias de 910 mdp.
Los montos recuperados devueltos a la Tesorería de la Federación fueron del orden de 146.6 mdp, que provinieron principalmente de la entidad quintanarroense (102.3 mdp), los 11 municipios (1.4 mdp), otros sin aclarar (37.3 mdp) y los que restan por clasificar del orden de 200 mil pesos.
Del balance auditado hubo 165 expedientes abiertos relacionados con las entidades federativas y los municipios derivados por algunos procedimientos de responsabilidad administrativa con casos sancionados contemplados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De los citados asuntos 140 fueron admitidos y se mantienen en trámite ante la Dirección General de Substanciación “A” y otros 5 recibidos por la misma instancia del ejercicio 2016, de los cuales 4 corresponden a un par de municipios y otro al gobierno estatal.
De estos últimos fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TJA) aquellos identificados con los números de auditoría 1392-DSGF, 1411-DSGF, 1411-DSGF, 1411-DSGF y 1417-DSGF.
Las claves de la acción son 16-A-23000-14-1392-06-003, 16-D-23004-14-1411-06-002, 16-D-23004-14-1411-06-003, 16-D-23004-14-1411-06-001 y 16-D-23009-14-1417-06-001, de las cuales el primero corresponde al gobierno estatal, los tres siguientes al municipio de Othón P, Blanco y el restante al municipio de Tulum.
Las denuncias que siguen activas por inconsistencias en las cuentas públicas del gobierno estatal corresponden a los ejercicios de 1998 a 2020, y tienen que ver con la auditoría 890 con las claves 13-0-17100-14-0890-09-001 y 13-0-17100-14-0890-09-002 del ejercicio 2016 presentadas el 11 de mayo de 2017.
Junto a los casos que siguen en integración igualmente está la revisión la número 692 con clave 14-0-17100-02-0692-09-001 del ejercicio fiscal 2014 presentada el 12 de junio de 2017.
Hay otras que corresponden a la cuenta pública de 2017 proveniente de la auditoría 802 con clave 12-0-17100-14-0802-09-002 del municipio de Lázaro Cárdenas, y de 2016 con número de auditoría 1417 con clave 16-0-17100-14-1417-09-001 del municipio de Tulum.
Respecto a las auditorías practicadas por mandato judicial o por denuncias realizadas en términos del título cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) está la número D17011.
Los asuntos citados derivan de Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios del Ejercicio 2015.
Como entidades responsables se señaló al gobierno del estado con un asunto, al Servicio de Administración Tributaria igual con uno y al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social con 3 casos, de los cuales una fue atendida, otra dio lugar a un procedimiento resarcitorio y la restante derivó en un desahogo del mismo procedimiento.
