- El Inmaya asesora a indígenas que se encuentran presos por delitos no graves.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- En lo que va del presente año, el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya (Inmaya) ha dado atención con asesoría jurídica a un estimado de 25 personas de origen indígena que se encuentran en penales del estado, principalmente por delitos considerados no graves, como violencia familiar y falta de manutención a sus familias, informó su director Eder Enrique Chuc Cen.
El director del Instituto dio a conocer que han dado el acompañamiento y asesoría jurídica que se ofrece a todas las personas de origen étnico que se encuentran en los centros de reclusión de la entidad, por estos o cualquier otro delito presuntamente cometido.
Explicó que en lo que va del presente año, son alrededor de 25 personas de origen indígena a los que se ha dado la asistencia jurídica expedita, esto a petición y gestión de sus familiares.
Refirió que el equipo jurídico del Instituto primero hace una valoración, y procede exclusivamente a la asesoría legal, al no tener facultades de actuar como juez y parte, ya que eso corresponde a las autoridades en la materia.
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Chuc Cen explicó que la mayoría de los casos atendidos refieren a presuntos delitos menores como violencia familiar, y falta de asistencia alimentaria hacia los hijos o sus parejas o exparejas.
El director del Inmaya reconoció que, a casi un año de la actual administración estatal, desconoce cuál es el grueso de la población indígena que se encuentra recluida en las cárceles de Quintana Roo por diversos delitos.
Sin embargo, mencionó, sin muchos detalles, que en las estadísticas recibidas de la anterior administración se presume que el 90 por ciento de los detenidos indígenas no reciben apoyo de un intérprete o traductor durante su proceso penal, y desconocen los motivos de su detención y hasta el avance del proceso que se le sigue.
Lo que además de representar una violación a sus derechos al debido proceso, es una de las tareas pendientes dentro de la justicia indígena o tradicional,
Anunció que con la finalidad de aportar experiencias y tratar de resolver esa problemática, desde diversas casas de estudios de nivel superior se promueve distintos foros sobre los avances y los retos con respecto a la figura del intérprete de lenguas indígenas en el sistema de justicia federal o local.
Las investigaciones realizadas con que cuentan establecen que existe una brecha lingüística entre el español y las lenguas indígenas nacionales, que representa el mayor problema para el desempeño de los intérpretes jurídicos, que se suma al conocimiento de las leyes tradicionales o del nuevo sistema de justicia penal en México.
