Por KUKULKÁN
LA DETENCIÓN de los taxistas responsables de agredir a un particular a quien confundieron como conductor del servicio Uber con turistas a bordo, no debe quedar en un simple operativo de espectacularidad mediática por parte de la Fiscalía General de Justicia en Quintana Roo sino llegar hasta las últimas consecuencias, lo que implica ir al trasfondo de este conflicto que va más allá del chofer altanero al cual sin duda hay que aplicarle un castigo ejemplar para inhibir la repetición de estas conductas.
EL PROBLEMA de fondo está en el añejo modelo de corrupción establecido entre el gobierno estatal y los sindicatos de taxistas para el reparto discrecional de las concesiones de transporte público, que por ley hasta 2017 fue facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo y principalmente de su estado de ánimo o sus querencias. Así fue como en tiempos de los gobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, se dio el mayor trafique de placas de taxis para beneficiar a grupos de poder político afines al PRI, familiares y amigos; basta saber que ambos figuran en el padrón oficial de concesiones en Cozumel donde el valor de una placa se cotiza hasta 1 millón de pesos.
LAS PLACAS de taxi sirvieron a estos ex mandatarios como un sistema de botín para controlar políticamente a los diferentes sindicatos y a sus dirigentes sobre todo en jornadas electorales cuando se requería de sus servicios para movilizar a los votantes a las urnas. Por este tipo de ‘servicios’, varios líderes del ‘Sindicato Andrés Quintana Roo’ en Cancún, el más numérico, no sólo lograron amasar decenas de concesiones, sino que acumularon tanto poder como para exigir puestos de elección popular que también les fueron concedidos.
ENTRE ellos figura el célebre Víctor Viveros Salazar —al que trabajadores del volante le atribuyen la propiedad de al menos 500 concesiones—, quien en dos ocasiones fue propuesto como candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, pero en ambas resultó derrotado. Como premio de consolación ganó regidurías y ya en el periodo de Borge lo designaron Oficial Mayor del gobierno del estado. Otros flamantes dirigentes del sindicato que ocuparon regidurías fueron Manuel Pérez Mendoza, Eric Castillo Alonzo, Erasmo Abelar Cámara y Heildelberg Oliver Fabro (ya finado) quien además fue diputado del Congreso local.
SON estos los verdaderos intereses que están detrás de la campaña de agresión contra los conductores de Uber y no el chofer violento que generalmente actúa así porque sus jefes se lo ordenan o autorizan en un afán por mantener sus privilegios y su negocio. El que el Instituto de Movilidad de Quintana Roo haya decidido retirar las concesiones a los taxis cuyos choferes participaron en actos vandálicos, es un gran paso que debe ir acompañado de disposiciones legales que obliguen al propietario de la concesión a contratar choferes respetuosos de los derechos humanos a fin de que también asuman su responsabilidad, sin distingos de quién se trate.
