- Diputados, funcionarios de organismos autónomos y judiciales, y más actores políticos que no están de acuerdo con el Gobernador Samuel García sufren violencia política.
PAULINA SÁNCHEZ / AGENCIA REFORMA
MONTERREY, NL.- Desde hace más de un año, Diputados, funcionarios de organismos autónomos y judiciales, y más actores políticos que no están de acuerdo con el Gobernador Samuel García sufren una violencia política sin precedente en Nuevo León, denuncia hoy la bancada del PAN en el Congreso local.
En un desplegado que se publica hoy, los legisladores señalan que desde el Gobierno del Estado se ha buscado comprar a opositores, se les acosa con clausuras de sus negocios, propios y de sus familiares; se les congelan cuentas bancarias, se les espía y hasta se les intentó incriminar con el tráfico de drogas.
“La maquinación de una operación de violencia, persecución y extorsión política de esta magnitud no tiene precedentes en Nuevo León y difícilmente en algún otro Estado del País”, afirman los Diputados.
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Los legisladores aseguran que el Gobierno estatal inició la “embestida” porque la Oposición se negó a aprobar aumentos a transporte y agua, sin mencionar que en el último año en el Congreso, controlado por el PRI y el PAN, ha aprobado reformas para quitarle atribuciones al Gobernador y ha impulsado procesos penales contra sus colaboradores.
“El Gobernador y su partido Movimiento Ciudadano hicieron ofrecimientos de dinero y posiciones políticas a personas de otros partidos”, consta en el desplegado.
“Ha habido un acoso diario de las Secretarías del Trabajo, del Medio Ambiente, de Salud y la Tesorería estatal que, sin motivo o fundamento alguno, realizan clausuras a negocios”, añade.
Acusan, además, campañas de desprestigio en publicaciones que se reparten de forma gratuita.
“Parece irreal, pero ha llegado al extremo de enviar droga por paquetería al aeropuerto de la Ciudad de México señalando como remitente y destinatario a dos actores políticos de la Oposición”, subraya el texto, que no identifica a los afectados.
“Durante este tiempo”, agrega, “se detectaron diferentes dispositivos de geolocalización y espionaje que tenemos conocimiento que operan dos personas de nombres Juan Francisco Vidaurri Esquivel y José Reynaldo Zavala Montoya”.
En este ambiente, el PAN recuerda -sin culpar directamente al Estado- que el pasado 31 de julio fue ejecutado Ricardo Flores, Director Jurídico del Congreso.
Ante esto, los panistas llamaron a detener la agresión política e impulsar el diálogo al asegurar que han dado muestras para ello.
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