Por KUKULKÁN
DESDE la entrada de la empresa Cemex al mercado de fabricación y comercialización de cemento premezclado que demanda el sector inmobiliario en Quintana Roo, la compañía de la competencia, Holcim ha venido operando sus plantas de fabricación de la mezcla a través de amparos, hasta ahora siete, contra las órdenes de clausura impuestas a sus instalaciones en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Tulum y con las cuales ha venido lidiando en los últimos dos años. Todo indica que se trata de la disputa por el mercado entre dos cementeras poderosas a nivel nacional: la suiza Holcim, y la neolonesa Cemex, del finado Lorenzo Zambrano Treviño.
EN TODOS los juicios de amparo promovidos ante la justicia federal, la cementera Holcim busca obtener medidas cautelares contra procedimientos administrativos con los cuales denuncia que se le pretende revocar o desconocer la totalidad de autorizaciones, permisos, vistos buenos, dictámenes y licencias en todas las materias en un par de instalaciones en que opera, fabrica, vende y distribuye cemento premezclado en los municipios Benito Juárez, Solidaridad y Tulum. Cuatro de estos juicios se turnaron al Juzgado Quinto de Distrito por la moral Holcim México Operaciones, S.A. de C.V.
EL PRIMERO fue presentado el 16 junio en contra de la emisión de una orden de clausura o suspensión de la operación, fabricación, venta y distribución de concreto premezclado derivado de una visita de inspección a la planta de Cancún, el 21 de abril del presente año. El caso se sobreseyó el 31 de julio, debido a que no fue posible emplazar a la autoridad demandada como “Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento Constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo”.
DIEZ días después, el 26 de junio, la misma compañía solicitó medidas cautelares contra la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo. De esta autoridad acusó la ‘pretensión de suspender o interrumpir la operación de las plantas, centros de distribución y/o fábricas de concreto premezclado que tiene implementadas en las demarcaciones municipales de Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, del Estado de Quintana Roo’. El caso se sobreseyó el 17 de agosto pasado.
Y EL 12 de julio, Holcim demandó medidas cautelares contra el municipio de Benito Juárez ante actos de hostigamiento y molestia de la Dirección de Fiscalización adscrita a la Tesorería, que mediante una visita se emitió y se ejecutó “una orden de clausura o suspensión de la operación, fabricación, venta y distribución de concreto premezclado en la planta ubicada en Cancún”, ocurridos el día 27 de junio. Sin embargo, la demanda de garantías se tuvo por no presentada el 31 de julio.
EL CUARTO juicio, admitido el 27 de julio, nuevamente fue contra la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo por una posible orden, ejecución, suspensión o interrupción de la operación de la planta de concreto pre-mezclado ubicada en sesenta y cinco Sur, Manzana trescientos cuarenta y ocho, lote uno, carretera federal 285 0000, PCN Ejido Sur, Solidaridad, así como posibles actos y/o actuaciones emitidos, constancias desconocidas para la parte.
LOS OTROS tres juicios aguardan resolución en los juzgados Séptimo y Octavo de Distrito en los que la empresa quejosa reclama la resolución de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, que suspendió la operación de la planta de concreto pre-mezclado en Cancún sustanciando su fallo con juicios de números de expediente y constancias desconocidas para la parte ‘agraviada’. El desenlace de este conflicto jurídico y de poder entre cementeras dominantes en el mercado nacional va para largo ahora que es creciente la necesidad de cemento para satisfacer las obras de los diferentes desarrolladores en el estado, así como para abastecer las obras de infraestructura pública del gobierno de 4T, como el Tren Maya, el Aeropuerto de Tulum y el Puente sobre la laguna Nichupté, donde ha sido clara la preferencia del gobierno federal hacia la empresa Cemex. Cuando los empresarios conservadores se portan bien con el gobierno federal, les ha ido mejor.
