- La guerra política de meses entre el Gobierno de Samuel García y los diputados del PRI y del PAN ha escalado a niveles de persecución nunca vistos.
STAFF / AGENCIA REFORMA
GUADALAJARA, JALISCO.- MONTERREY.- La guerra política de meses entre el Gobierno de Samuel García y los diputados del PRI y del PAN ha escalado a niveles de persecución nunca vistos en Nuevo León.
Testimonios y documentos recabados por Grupo REFORMA indican que la Administración emecista emprendió una estrategia de acoso político -mediante el uso del aparato estatal- de la que se desprenden al menos 300 acciones de presión no sólo a legisladores, funcionarios y líderes del PRIAN, sino también a familiares, amigos, compadres, simples conocidos y hasta a personas a las que equivocadamente se les liga con los rivales políticos del Gobierno.
- Desafía abandono de casas al Infonavit
- Ve Jufed resistencia a reactivar labores
- Encara García Luna veredicto final
Entre los actos que acusan los afectados hay denuncias, clausura de negocios, congelamiento de cuentas bancarias, requerimientos fiscales, investigaciones en materia de inteligencia financiera, imposición de multas, reducción y corte en el servicio de agua, detención de trabajadores e incluso la descarga de toneladas de basura en sus domicilios.
La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), la Subsecretaría de Administración Tributaria (SAT), Fuerza Civil, las Secretarías de Medio Ambiente, Trabajo y Salud, y las Direcciones de Agua y Drenaje, Protección Civil y Simeprode están entre las dependencias usadas por el Estado para sus acciones.
También han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción local.
Te puede interesar: Muestran presas de NL niveles de crisis
