Por KUKULKÁN
RESERVADOS para participar en actos públicos y ser supuestos defensores de la ley, los integrantes del Poder Judicial Federal salieron a manifestarse en contra del recorte a su presupuesto para 2024 así como de la eliminación de fideicomisos como ya lo evalúa la bancada de Morena en el Congreso, bajo el argumento de acabar con los privilegios económicos de que gozan ministros, magistrados y jueces quienes aún se resisten a apretarse el cinturón para ganar igual o menos de los 100 mil pesos que percibe como salario el Presidente de la República a pesar de que así lo establece expresamente el artículo 127 de la Constitución.
EL SUELDO que en promedio gana cada uno de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación oscila entre los 500 y 700 mil pesos mensuales (incluido salario y otras prestaciones), además viáticos, seguro de vida, seguro médico, créditos para casa, automóvil y hasta recursos para alimentación. Además de ello, cuentan con un fideicomiso de 20 mil millones de pesos para pago de pensiones excesivas, mismo que si se eliminara del presupuesto anual como proponen los morenistas y aliados, en nada afectará sueldos y derechos laborales que a la fecha mantienen sus trabajadores.
PARA el ejercicio fiscal 2023 al Poder Judicial le fue autorizado un presupuesto de 77 mil 544 millones 491 mil 126 pesos y de acuerdo con declaraciones de la ministra presidente Norma Piña, el presupuesto que esperan para 2024 será 4 por ciento superior y ante ello no parece haber resistencia alguna. Aquí es cuando uno se pregunta, amable lector, ¿y qué beneficios han traído todos estos recursos para los justiciables si sigue sin cumplirse la máxima de que la justicia en México es gratuita, pronta y expedita? La percepción generalizada es que la justicia sólo es accesible para los ricos.
EL CHOQUE de trenes entre el Poder Ejecutivo y el Judicial puso al descubierto que tribunales y juzgados federales continúan bajo control de la oligarquía dominante durante los 36 años del periodo neoliberal, como último bastión para enfrentar política y financieramente el avance del gobierno de la Cuarta Transformación que se dispone a pulverizarlos. La justicia fue una moneda de cambio entre PRI y PAN luego del pacto para llevar en 1994 al priista Ernesto Zedillo Ponce de León a la presidencia de la República, artífice de la reforma judicial que desapareció la entonces Suprema Corte de 26 ministros para constituir la actual de 11 miembros con puro incondicional protector de los intereses de los oligarcas, no de los mexicanos.
AQUELLA ocasión ningún funcionario judicial salió a protestar como ahora por el atropello presidencial, todos asumieron en silencio el acto autoritario y a Zedillo le sobraban justificadas razones políticas para desaparecer la Corte que servía a los intereses de su antecesor Carlos Salinas de Gortari a cuyo hermano Raúl se envió a la cárcel por el magnicidio de José Francisco Ruiz Massieu.
ADEMÁS, el acuerdo político fue que el PRI entregaría el control del Poder Judicial al PAN a través del controvertido abogado Diego Fernández de Cevallos. Toda esta amalgama de intereses y privilegios es la que ahora protegen los grupos conservadores a través del bombardeo de desinformación vía redes sociales.
