- Eligio Sierra Peña, extesorero de Puerto Morelos en tiempos de Laura Fernández, huyó del país.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Eligio Sierra Peña, quien presidió la Tesorería Municipal en la pasada administración encabezada por la entonces alcaldesa Laura Fernández Piña en Puerto Morelos, huyó del país para poner distancia con la orden de aprehensión que pesa en su contra.
El exfuncionario responsable de las finanzas del municipio de más reciente creación en la entidad, enfrenta junto con su exdirector de Egresos, Pedro Alfonso Nolasco, un proceso penal ante un Juez de Control de Solidaridad, Quintana Roo, con sede en Playa del Carmen.
Sobre los exservidores públicos pesan cargos penales como presuntos responsables del delito de uso ilícito de atribuciones del servicio público, en la carpeta administrativa 423/2023 a cargo del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Ambos personajes interpusieron un amparo conjunto contra una orden de detención dictada en una audiencia encabezada por un Juez de Control y Tribunales de Juicio Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, el 22 de junio pasado.
La orden de captura fue reconocida ante el juzgado federal por el director de la Policía de Investigación y el subdirector de amparos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGE de Playa del Carmen.
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En el juicio de garantías número 32904606 radicado en el Juzgado Tercero de Distrito se asienta en la solicitud de medidas cautelares presentada el 26 de junio pasado, la cual fue admitida para su análisis a los 4 días siguientes.
A Sierra Peña y Nolasco Villanueva se les concedió la protección federal de manera provisional previo depósito de una garantía económica de 22 mil pesos para cada uno, como medida de aseguramiento “a fin de que no evada la acción de la justicia”, la cual se garantizó mediante el billete de depósito 968001 del Banco del Bienestar.
Al extesorero municipal se le extendió la protección constitucional al dictarse a su favor la suspensión definitiva, con una garantía económica de otros 22 mil pesos, mientras que a su exdirector de Egresos se le negaron las medidas cautelares en la misma audiencia celebrada el 12 de septiembre pasado.
La resolución fue notificada por el Juez de Despacho adscrito al Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia de Playa del Carmen.
En un par de denuncias de hechos interpuestas por la presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu, ante la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Sistema de Justicia Penal acusatorio de Cancún, se responsabilizó de diversos delitos a su antecesora en el cargo y a diversos funcionarios de su gabinete, entre ellos el tesorero municipal.
En la denuncia FGE/QR/FCC/CAN/SL/38/65/2022 interpuesta por el síndico Alberto Arelle se acusó una presunta negligencia en el desempeño de función o cargo, fraude procesal, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades.
Una segunda querella fue por la falta de pago de cuotas obrero patronales (de febrero de 2020 a septiembre de 2021) y por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (de enero a junio de 2020 y de enero a abril de 2021) ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyos casos igualmente se denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El extesorero enjuiciado participó igualmente en la firma de los contratos de Asociación Pública Privada CMPM/CON/APP/002/2021 y el CMPM/CON/APP/001/2021 otorgados por la entonces alcaldesa Fernández Piña a empresas relacionadas con su pareja sentimental.
Con el primero de los documentos se concedió a la moral OFN Quintana Roo, S.A. de C.V. el servicio de alumbrado público en la zona urbana de la cabecera municipal y en las principales localidades del municipio incluidas las zonas turísticas, el 20 de febrero de 2020.
El otro se pactó con la empresa Inocaribe, S.A. de C.V. a la que se encargó la construcción y mantenimiento de la “Unidad de Servicios Administrativos Puerto Morelos”, el 20 de agosto de 2021.
Como parte del juicio de amparo citado fueron solicitados los informes justificados al director general de la Policía de Investigación adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y al director de Aprehensiones de la FGE.
Y como parte de la búsqueda de otras órdenes de detención se consultó al Juez de Despacho y el secretario de Acuerdos en Funciones de Juez de Despacho de Cozumel, de Playa del Carmen, y el Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún.
Igualmente, a los secretarios de Acuerdos en Funciones de Juez de Despacho del Sistema Penal Acusatorio de los distritos judiciales de Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal, y al secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Juez de Despacho Adscrito al Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Tulum.
Otras autoridades a las que se pidió un informe fue al subdirector de amparos y al fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGE, y el director general de la Policía de Investigación del Estado de Quintana Roo.
Hubo incluso comunicación con autoridades foráneas, como el coordinador general de Asuntos Jurídicos en representación del fiscal general y el director general de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla de Zaragoza.
