- Grave resulta que agentes simularan un operativo en la financiera Black Wallstreet Capital para robar y sembrar falsa evidencia.
VIRIDIANA MARTÍNEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Grave resulta que agentes simularan un operativo en la financiera Black Wallstreet Capital para robar y sembrar falsa evidencia, pero aún más grave que este caso sea sólo uno de 30 que comparten el mismo modus operandi, señala una de las víctimas.
Es la cifra de carpetas que César Martínez encontró con un actuar delictivo similar de autoridades y que incluye en el documental Servir y Proteger, previsto a presentarse este año.
“Llegaron a realizar la comisión de un delito siendo funcionarios públicos, portando sus placas y gozando de total impunidad cosa que lograron hacer”, asegura Juan Carlos Minero, ex fundador Black Wallstreet Capital.
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“Lo delicado de esta situación no solamente es lo mío, sino que en múltiples ocasiones estas mismas personas y durante el tiempo en el que Ernestina Godoy ha estado frente a la Fiscalía se han cometido un montón de abusos de autoridad”.
El 15 de marzo, alrededor de 50 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) allanaron las oficinas de la empresa en la Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo.
Al narrar ahora los hechos, Minero asegura que se trató de un cateo, pero inmediatamente corrige: fue un saqueo, pues nunca mostraron alguna orden.
CON MAÑA
En su historia, como en las otras que recoge el documental, se repite el patrón de ingresar con uso de violencia sin mostrar los oficios legales.
También, agrega Minero, los abusos comparten algo más. Se trataba de supuestas diligencias encabezadas por Erick N como Ministerio Público, quien ya está vinculado a proceso por Black Wallstreet Capital y cuyas actuaciones irregulares fueron avaladas por un juez.
Entre los testimonios recabados en el documental están policías en activo de la SSC, quienes narran parte de la forma de operar y cómo pagan a monitoristas del C4 o C2 para que desvíen las cámaras de vigilancia o finjan que se descomponen para no grabar los supuestos cateos así como de jueces.
Uno de los allanamientos fue en la vivienda de un arquitecto. Sembraron drogas y armas, robaron objetos de valor y luego acusaron delitos contra la salud, por lo que las víctimas terminaron en el Reclusorio Sur. Las grabaciones de una cámara afuera de la casa fueron claves para comprobar las arbitrariedades.
También el de un dueño de estacionamientos en el centro de la Ciudad de México, quien no pudo ser detenido, pero al que acusaban narcomenudeo. Tras investigar y denunciar lo ocurrido… fue asesinado.
En todos los casos, la SSC y la FGJ actuaron en conjunto, refieren los testimonios del documental.
SIN CRÉDITO
Juan Carlos no entendía qué pasaba el 15 de marzo, cuando a golpes irrumpieron los agentes en la empresa. Rompieron las cámaras y robaron la memoria central y discos duros donde se almacenaban las grabaciones para borrar toda evidencia del abuso de autoridad y el robo. Gracias a la conexión que tenían de otras cámaras con un servidor en Estados Unidos lograron mostrar lo ocurrido.
A los 20 custodios que tenían protegiendo el inmueble les quitaron las armas y las sembraron en el interior del inmueble. También colocaron ladrillos de supuesta cocaína como falsas pruebas.
Mientras tanto, él y parte de su personal fueron encerrados en una oficina donde eran golpeados. Juan Carlos, así como otras cuatro personas, pasaron 79 días en el Reclusorio hasta que su defensa logró un amparo por sobreseimiento de los procesos penales iniciados en su contra con lo que lograron salir de prisión pero no del todo de lo ocurrido.
“Los demonios que yo tengo van a estar conmigo el resto de mi vida y los que tiene mi familia también… y el miedo y la persecución, los delirios. Y no solamente la parte psicológica, sino todo lo que se desprende empresarialmente porque quebraron a mi empresa”, lamenta.
Actualmente hay siete policías vinculados a proceso por el delito de falsedad de declaración, pero no por robo, agrega Minero. Mientras que Erick, el MP, fue vinculado a proceso el 22 de septiembre por el delito de ejercicio ilegal del servicio público. Y aún falta por detener a más de 25 elementos que participaron en los hechos.
“Habemos una cantidad gigantesca de personas agraviadas por parte de la Fiscalía y es una cosa intolerable que sigamos manteniendo esos abusos de autoridad que pretende la Fiscalía realizar en contra de nosotros”, concluye el empresario.
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