- La Cofece frenó la venta y concentración de delfinarios.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión Nacional de Competencia Económica (Cofece) se opuso a una concentración de empresas que podría generar el riesgo de un monopolio en la operación de delfinarios en el mercado del entretenimiento en Quintana Roo.
Una resolución del Pleno del órgano constitucional autónomo se negó a aprobar los términos propuestos de una operación mercantil entre cinco compañías para la venta de cinco instalaciones, de las cuales tres son operadas por la Controladora Dolphin en Tulum, Riviera Maya y Cancún.
El organismo federal encargado de vigilar, promover y garantizar la libre competencia en el mercado, objetó los términos propuestos entre los vendedores “Ventura Entertainment, S.A.P.I. de C.V.” y “Venturalive, S.A.P.I. de C.V.” con los compradores “Ejecutivos de Turismo Sustentable, S.A. de C.V.”, “Triton Investments Holdings LLC” y “Controladora Dolphin, S.A. de C.V.”
Del análisis al expediente CNT-107-2022 se advirtió que la operación citada “representaba altos riesgos a la competencia en el mercado de servicios de entretenimiento en delfinarios”.
- Amplían en Isla Mujeres el Centro de Monitoreo C2
- En Quintana Roo no hay repunte de Covid
- Proyectan ocupación destacada en restaurantes
Pero otra parte del acuerdo comercial fue autorizada parcialmente respecto a los servicios ofrecidos en parques acuáticos, de diversiones y de aventuras.
La Cofece informó que la operación comercial notificada forma parte de una sucesión de actos, y el análisis consideró todos y cada uno que lo integran, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).
La pretendida operación comercial tenía la intención de que Ejecutivos de Turismo y Triton adquirieran dos parques de aventuras y un parque acuático en Quintana Roo, y otro parque de diversiones en Jalisco.
El mismo pacto contemplaba cinco delfinarios localizados en la entidad quintanarroense, de los cuales tres están bajo la operación de Controladora Dolphin, como son “Dolphinaris Cancún”, “Dolphinaris Tulum” y “Dolphinaris Riviera Maya”.
Las compradoras cuentan con diversos tipos de atracciones en el país y controlan embarcaciones de turismo recreativo con viajes en catamarán y yates, y en Quintana Roo poseen siete delfinarios y un parque de aventuras.
La Comisión concluyó que la concentración del servicio de entretenimiento en los parques de diversiones, de aventuras y acuáticos tenía pocas probabilidades de afectar el proceso de competencia económica y la libre concurrencia.
Las participaciones de mercado cumplen con los criterios establecidos sin que se adviertan elementos adicionales que generen riesgos en ese mercado, pero del servicio de entretenimiento en delfinarios implicaría la absorción de los compradores de un competidor con capacidad de ejercer presión competitiva.
Otras cuestiones resaltadas fue que en ese tipo de mercado hay barreras elevadas para el ingreso de otras empresas relacionadas, entre otras cuestiones, por la dificultad de desarrollar canales de comercialización, los montos de inversión altos para apertura de delfinarios y de la adquisición de los mamíferos, y las restricciones normativas.
El organismo recordó que el servicio de entretenimiento en los delfinarios es una actividad altamente regulada, por lo que “no se identifican nuevos competidores ni que haya posibilidades de que el mercado crezca e incentive su entrada”.
Los compromisos planteados por las empresas para eliminar los riesgos detectados por la concentración de empresa fueron insuficientes, al no evitar tampoco la libre concurrencia.
El Pleno de la Cofece autorizó únicamente la adquisición de los parques de diversiones, acuáticos y de aventura, y de la operación de los delfinarios insistió que implicaba riesgos de competencia.
La objeción decretada impidió la adquisición para el control de los compradores de los tres delfinarios en Cancún, Tulum y la Riviera Maya, y de cualquiera de los cinco delfinarios totales o sus activos.
La Comisión informó que una vez que se notifique la resolución a las partes involucradas, la legislación otorga a los afectados el derecho de acudir al Poder Judicial de la Federación para que se revise la legalidad de su actuación.
