Por KUKULKÁN
¿CÓMO está eso de que la seguridad pública puede ser seguridad privada?
SÍ, esa pregunta va directa y sin escalas hasta Canadá, en donde despacha como embajador de México, Carlos Joaquín González, ex gobernador de Quintana Roo.
Y es que hace algunos días, el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Quintana Roo, Eugenio Segura Vázquez, dio a conocer que entre los adeudos más importantes que se espera logre liquidar este año la administración de Mara Lezama está el del arrendamiento del equipo tecnológico del C5.
SÍ, está leyendo bien, Carlos Joaquín González utilizó mil 44 millones de pesos del erario para la prestación de dicho servicio público.
AHORA el gobierno de Mara Lezama tendrá que cubrir ese importe con la consigna de que es de suma importancia para que ese equipo de seguridad pública pase a ser propiedad del Estado de Quintana Roo.
SE entiende por qué en el gobierno de Carlos Joaquín la inseguridad y la violencia en Quintana Roo creció como una ola gigante, pues no sólo alcanzó los números del periodo de su antecesor; sino que terminó por rebasarlos y por mucho.
ASÍ quedó reflejado en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dejando una herencia de inseguridad y violencia criminal.
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LA relajación de la vigilancia a través del C5 permitió a estructuras criminales montar sistemas paralelos, como lo denunció el mismo presidente de México Andrés Manuel López Obrador en febrero de este 2023, en una de sus mañaneras.
ASEGURÓ que en el aeropuerto internacional de Cancún fueron aseguradas cámaras de seguridad que vigilaban entradas y salidas de aviones y que no eran las oficiales.
ASÍ de laxa era la seguridad pública en los tiempos de Carlos Joaquín como gobernador de Quintana Roo, así de opaca para implementar un verdadero sistema de seguridad pública, y así de fácil para desembolsar cientos de millones de pesos para que particulares fueran los dueños de las más de dos mil cámaras conectadas el centro de control y mando de seguridad que él mismo inauguró y presumió como el más avanzado de América Latina.
SI hacemos una revisión minuciosa por lo que hace a la instalación de esas cámaras de seguridad arrendadas descubriremos que se colocaron sin ton ni son, sin una estrategia clara, tanto es así que Rubén Oyarvide Pedrero, titular de la Secretaría de Seguridad Pública se tuvo que dar a la tarea de realizar un proyecto para instalar mil 800 cámaras, en dónde no se tuvo el tino de colocarlas, como es en Holbox y varias colonias de Benito Juárez Cancún.
POR ESO lanzamos la pregunta ¿Por qué no hizo bien las cosas? ¿Por qué la seguridad pública estaba arrendada y no en manos del Estado?
